La Justicia ordenó restablecer todas las pensiones por invalidez suspendidas en el país

El juez federal Guillermo Díaz Martínez, titular del Juzgado Federal N° 2 de Catamarca, ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) restablecer de manera inmediata la totalidad de las pensiones no contributivas por invalidez laboral suspendidas en todo el país. Además, dispuso que el organismo se abstenga de aplicar nuevas bajas o auditorías basadas en el Decreto 843/2024 del Poder Ejecutivo Nacional.

La resolución fue dictada en el marco de una acción de amparo colectivo presentada por el Defensor del Pueblo de Catamarca y distintas asociaciones civiles. El magistrado otorgó un plazo de 24 horas para que la Andis restituya los haberes retenidos y amplió a todo el territorio nacional los efectos de una medida cautelar que hasta ahora regía solo en esa provincia.

En los fundamentos del fallo, Díaz Martínez sostuvo que las suspensiones implementadas vulneraron derechos de incidencia colectiva. “Corresponde ordenar a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que, en el plazo de veinticuatro (24 hs) desde el dictado de la presente, restablezca la totalidad de las pensiones suspendidas y/o retenidas, pague los haberes adeudados y se abstenga de continuar las auditorías con base en la normativa cuestionada”, señaló en la sentencia.

El juez recordó que la causa se originó tras la suspensión de pensiones por invalidez derivada de la aplicación del Decreto 843/2024, que elevó al 66% el umbral de disminución de la capacidad laboral y amplió las causales de caducidad del beneficio. En su análisis, citó el precedente “Halabi, Ernesto c/ PEN”, que la Corte Suprema utilizó para definir los criterios de legitimación en acciones colectivas.

La decisión también designó a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (A.P.Y.Fa.Di.M.) y a la Asociación Azul como representantes del colectivo afectado, al considerar que reúnen las condiciones de idoneidad para ejercer esa función.

Las organizaciones denunciaron que las auditorías iniciadas por la Andis en agosto de 2024 se realizaron sin criterios públicos de evaluación, con deficiencias en las notificaciones y sin garantizar el derecho de defensa de los beneficiarios. Según datos oficiales, de las 997.654 cartas documento enviadas, más de la mitad —504.802— no pudieron ser entregadas. En provincias como Chaco, Formosa y Corrientes, el porcentaje de citaciones fallidas superó el 70%.

Previo a la intervención judicial, la Andis había suspendido el pago de 111.463 pensiones. Con esta nueva resolución, el fallo del Juzgado Federal de Catamarca adquiere alcance nacional y obliga al organismo a restituir todos los beneficios suspendidos y a abstenerse de dictar nuevas bajas hasta que se dicte una sentencia definitiva.