La suma es por el daño estimado por la maniobra sistemática de corrupción en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz. Aclararon que debe actualizarse.
Política
El juez federal Jorge Gorini presentó ante el cuerpo de peritos contables de la Corte Suprema el pedido de decomiso a la ex presidenta Cristina Kirchner, cuya cifra base por el perjuicio económico en la causa Vialidad es de 86.000 millones de pesos y se debe actualizar.
La suma corresponde al daño estimado por una maniobra sistemática de corrupción en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz, en lo que se conoció como la causa Vialidad y por la cual semanas atrás el Máximo Tribunal ratificó los 6 años de condena contra la ex mandataria.
Gorini, encargado de la ejecución de la pena, formalizó el pedido a los especialistas para fijar el monto definitivo por el cual deberán responder los nueve condenados, entre los cuáles figuran también el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti.
Según el fallo judicial, entre 2003 y 2015, el 86 por ciento de las obras viales financiadas por el Estado nacional en Santa Cruz fueron adjudicadas al Grupo Austral de Báez mediante mecanismos irregulares, por medio de direccionamiento de licitaciones, simulación de competencia, pagos privilegiados y falta de controles.
En su fallo, el Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 remarcó que se trató de "una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal judicialmente probadas en la historia del país", por lo que se avanzó con el pedido de decomiso como una forma de resarcimiento.
El cálculo original se basó en peritajes de cinco obras testigo, incluidas tres en la Ruta Nacional 3 entre Caleta Olivia y Rada Tilly, que evidenciaron sobreprecios y colusión.
A esto se sumaron otros indicadores, como colusiones empresariales y sobrecostos estimados, para llegar a una cifra de daño general.
Una vez que el monto actualizado sea oficializado, Gorini emplazará a los condenados a abonar sus respectivas partes en un plazo de diez días hábiles y en caso de no hacerlo se ejecutarán los bienes registrados a nombre de los implicados.
Mientras tanto, el fiscal Diego Luciani ya presentó un informe patrimonial de 40 páginas que detalla propiedades y empresas de cada imputado, según informó el portal Nuevo Día de Santa Cruz.
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