Cristina Kirchner presentó una medida cautelar para recuperar su jubilación y pensión vitalicia

Cristina Fernández de Kirchner volvió a recurrir a la Justicia, esta vez con el objetivo de recuperar su jubilación de privilegio como ex presidenta y la pensión vitalicia que percibía como viuda del ex mandatario Néstor Kirchner. La presentación judicial fue realizada esta semana en el fuero de la Seguridad Social por su abogado Facundo Fernández Pastor, quien calificó la medida como una acción urgente ante lo que considera una “vulneración de un derecho alimentario”.

Ambas asignaciones previsionales fueron suspendidas por decisión del gobierno de Javier Milei en diciembre de 2024, tras la condena de la ex funcionaria en la causa conocida como Vialidad. En total, los haberes representaban una suma mensual neta de 21.827.624 pesos. Desde entonces, la ex vicepresidenta sostiene que no cuenta con otro ingreso para subsistir.

En el escrito presentado ante la Justicia, su defensa asegura que Cristina Kirchner se encuentra judicialmente inhibida y que no posee bienes a su nombre, dado que en 2016 cedió tanto los bienes heredados como los propios a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. En ese marco, argumentan que cualquier ingreso que pudiera percibir quedaría automáticamente afectado por la inhibición judicial.

“La falta de estas asignaciones vulnera su derecho humano a la seguridad social, compromete su subsistencia y, por ende, su derecho a la vida”, expresa el documento legal. Además, el escrito critica la decisión del Ejecutivo nacional al considerar que la deja en una situación similar a la de figuras del pasado como Videla, Galtieri y Massera, quienes —según señala— murieron sin ingresos tras ser condenados por delitos de lesa humanidad.

El planteo judicial incluye también un argumento político: se sostiene que el retiro de sus haberes atenta contra el derecho de la ex presidenta a representar al pueblo. Por ahora, la Justicia deberá evaluar si hace lugar a la medida cautelar mientras continúa el debate sobre la legalidad de los beneficios previsionales que percibían los ex mandatarios.