Según datos recientes del INDEC, la tasa de desocupación en San Juan experimentó una fuerte reducción de 4,5% a 3% al comparar el primer trimestre de 2025 con el segundo.
¿Cuánto vale realmente el gas en Argentina?
Economía
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Cuánto vale un metro cúbico de gas natural sería una pregunta sencilla de responder en muchos países. Pero no en la Argentina, donde hay más precios que categorías de consumidores; tarifas atrasadas durante años; subsidios estatales a granel, con quitas arbitrarias a barrios enteros y facturas cada vez más difíciles de descifrar, en ciertos casos con rubros suspendidos por amparos judiciales.
Para los usuarios residenciales del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la clave para situarse en esta intrincada maraña de precios está en la categoría que figura en la factura. Aquellos con mayor consumo (R34) deben abonar en este mes de agosto -por 1200 metros cúbicos bimestrales-, nada menos que $ 3120 aun con un subsidio de $ 414. Esta cifra implica un incremento de 164% con respecto al mismo mes de 2014, cuando pagaron $ 1182 (con un subsidio de $ 504). Pero si lo comparan con la factura de agosto de 2013 (de $ 520, con $ 530 de subsidio), la suba supera el 500%.
La explicación principal, aunque no la única, es que en estos dos años el precio por metro cúbico facturado saltó de $0,237 a $1,958 (¡892%!), de los cuales 171% corresponde a los últimos doce meses (subió de $0,722 a $1,958). Otra razón es que, con una factura más abultada, la porción de IVA creció 531% entre 2013 y 2015, y su monto ($ 540) ya supera este año al subsidio, cuyo peso sobre el total se redujo de 50 a 11%. O sea que, en este caso, pagan más por IVA y otros impuestos que el subsidio recibido, aun cuando el cargo extra por gas importado bajó 18%.
Cinco categorías más abajo (R22), con un consumo de 300 metros cúbicos bimestrales, el precio se triplicó (211%) en 2014, pero sobre una base mucho más baja ($ 0,143 por m3) y este año sumó otro 9%, sin contar subsidios. No obstante, quienes en este invierno menos frío redujeron más de 20% su consumo de gas se encontraron con la sorpresa de una baja de 67% en la factura, incluso con menos subsidio. La clave: a menor consumo, menor precio unitario.
Así, los ejemplos podrían extenderse al infinito. Por un lado, las ocho categorías de usuarios residenciales pagan ahora por metro cúbico tres precios diferentes, según mantengan su consumo, lo reduzcan entre 5 y 20% o más de 20%. La brecha entre la categoría más alta y la más baja supera 440%; y, dentro de cada una de ellas, las diferencias de precios van de 460 a 886%, según cálculos del Estudio Montamat & Asociados. Por otro lado, para cada categoría varían el monto de subsidios, cargos fijos, impuestos y el costo del gas importado.
Este esquema kafkiano de precios, que ya venía acumulando distorsiones a lo largo de la era K, se tornó casi indescifrable desde abril de 2014. Entonces, los ministros Axel Kicillof y Julio De Vido anunciaron a dúo un recorte de subsidios, aparentemente razonable, para los usuarios residenciales de categorías más altas y cuyo impacto en las facturas incluso podía atenuarse si reducían su consumo. Lo que no explicaron es que la medida incluyó además un fuerte ajuste diferencial y progresivo de los bajísimos precios en boca de pozo que recibían los productores. Esta suba no uniforme fue insignificante para el gas destinado a los usuarios de categorías más bajas que disminuyeran más de 20% su consumo. Para el resto, en cambio, escaló entre 237 y 890% en su equivalente en dólares por millón de BTU (la unidad de medida), según la categoría y si redujeron menos o no su consumo bimestral.
Si estos aumentos no se sintieron en toda su magnitud el año pasado, fue porque se escalonaron hasta agosto, cuando terminaba el invierno. De ahí que ahora sea más visible el impacto de la mayor facturación por metro cúbico.
A ello se sumó este año una recomposición de márgenes (en cuotas) para el transporte por gasoductos, después de doce años de congelamiento, con una incidencia de 1 a 10% en las facturas residenciales e industriales. Además, para no recargar las tarifas y a cuenta de una incierta revisión integral, el Gobierno dispuso una "asistencia transitoria" de casi 2600 millones de pesos en diez cuotas a las distribuidoras del AMBA, que apunta al pago de deudas por compras de gas y a no desequilibrar aún más sus cuentas, afectadas por la desactualización de tarifas y el aumento de costos.
Hoy abastece el 68% de la demanda interna, mientras el 32% restante debe cubrirse con importaciones de gas boliviano (15%) y gas natural licuado (17%). Con el mismo objetivo, el Gobierno había puesto en marcha el Plan Gas, a través del cual las petroleras que se comprometen a incrementar inversiones y volúmenes de extracción reciben por el "gas nuevo" un precio subsidiado equivalente a US$7,5 por MBTU, casi tres veces más alto que el del "gas viejo" (US$ 2,8). Esto permitió que en 2015 la extracción de gas detuviera su caída y mostrara por primera vez un repunte de 2,2% anual, aunque concentrado mayormente en dos compañías (YPF y PAE).
Si bien todas esas medidas crearon más de una docena de precios diferentes según el destino del gas, el promedio se ubica ahora en US$ 3,7 por MBTU, según los cálculos de Montamat. O sea, muy por debajo de los US$ 6,6 del importado de Bolivia y de US$ 10/11 del GNL para regasificar, pese a la baja de precios internacionales de los hidrocarburos.
Aun así, los subsidios estatales siguen creciendo a lo largo de la cadena energética, donde casi 50% de la oferta de gas natural se destina a la generación de electricidad con el consumo fuertemente subsidiado.
Con estas distorsiones, muchos usuarios optaron pragmáticamente por reemplazar gas más caro por electricidad más barata (calefacción, cocinas, termotanques, etc.), aunque también escasa. No deja de ser una decisión racional, incentivada por el descalabro de precios energéticos de la gestión kirchnerista. Pero que hoy ya arroja costos visibles e invisibles. Por un lado, cortes de luz en invierno y no sólo en verano. Por otro, una herencia más pesada para el próximo gobierno, cuyos principales candidatos planean reorientar y recortar subsidios como la vía más rápida para achicar el imparable aumento del gasto público y el déficit fiscal.
Fuente: La Nación.-
Para los usuarios residenciales del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la clave para situarse en esta intrincada maraña de precios está en la categoría que figura en la factura. Aquellos con mayor consumo (R34) deben abonar en este mes de agosto -por 1200 metros cúbicos bimestrales-, nada menos que $ 3120 aun con un subsidio de $ 414. Esta cifra implica un incremento de 164% con respecto al mismo mes de 2014, cuando pagaron $ 1182 (con un subsidio de $ 504). Pero si lo comparan con la factura de agosto de 2013 (de $ 520, con $ 530 de subsidio), la suba supera el 500%.
La explicación principal, aunque no la única, es que en estos dos años el precio por metro cúbico facturado saltó de $0,237 a $1,958 (¡892%!), de los cuales 171% corresponde a los últimos doce meses (subió de $0,722 a $1,958). Otra razón es que, con una factura más abultada, la porción de IVA creció 531% entre 2013 y 2015, y su monto ($ 540) ya supera este año al subsidio, cuyo peso sobre el total se redujo de 50 a 11%. O sea que, en este caso, pagan más por IVA y otros impuestos que el subsidio recibido, aun cuando el cargo extra por gas importado bajó 18%.
Cinco categorías más abajo (R22), con un consumo de 300 metros cúbicos bimestrales, el precio se triplicó (211%) en 2014, pero sobre una base mucho más baja ($ 0,143 por m3) y este año sumó otro 9%, sin contar subsidios. No obstante, quienes en este invierno menos frío redujeron más de 20% su consumo de gas se encontraron con la sorpresa de una baja de 67% en la factura, incluso con menos subsidio. La clave: a menor consumo, menor precio unitario.
Así, los ejemplos podrían extenderse al infinito. Por un lado, las ocho categorías de usuarios residenciales pagan ahora por metro cúbico tres precios diferentes, según mantengan su consumo, lo reduzcan entre 5 y 20% o más de 20%. La brecha entre la categoría más alta y la más baja supera 440%; y, dentro de cada una de ellas, las diferencias de precios van de 460 a 886%, según cálculos del Estudio Montamat & Asociados. Por otro lado, para cada categoría varían el monto de subsidios, cargos fijos, impuestos y el costo del gas importado.
Las ocho categorías de usuarios residenciales pagan ahora por metro cúbico tres precios diferentes.
Este esquema kafkiano de precios, que ya venía acumulando distorsiones a lo largo de la era K, se tornó casi indescifrable desde abril de 2014. Entonces, los ministros Axel Kicillof y Julio De Vido anunciaron a dúo un recorte de subsidios, aparentemente razonable, para los usuarios residenciales de categorías más altas y cuyo impacto en las facturas incluso podía atenuarse si reducían su consumo. Lo que no explicaron es que la medida incluyó además un fuerte ajuste diferencial y progresivo de los bajísimos precios en boca de pozo que recibían los productores. Esta suba no uniforme fue insignificante para el gas destinado a los usuarios de categorías más bajas que disminuyeran más de 20% su consumo. Para el resto, en cambio, escaló entre 237 y 890% en su equivalente en dólares por millón de BTU (la unidad de medida), según la categoría y si redujeron menos o no su consumo bimestral.
Si estos aumentos no se sintieron en toda su magnitud el año pasado, fue porque se escalonaron hasta agosto, cuando terminaba el invierno. De ahí que ahora sea más visible el impacto de la mayor facturación por metro cúbico.
A ello se sumó este año una recomposición de márgenes (en cuotas) para el transporte por gasoductos, después de doce años de congelamiento, con una incidencia de 1 a 10% en las facturas residenciales e industriales. Además, para no recargar las tarifas y a cuenta de una incierta revisión integral, el Gobierno dispuso una "asistencia transitoria" de casi 2600 millones de pesos en diez cuotas a las distribuidoras del AMBA, que apunta al pago de deudas por compras de gas y a no desequilibrar aún más sus cuentas, afectadas por la desactualización de tarifas y el aumento de costos.
Cuando Kicillof y De Vido hicieron los anuncios en 2014, tampoco explicaron que el motivo central fue frenar la caída de inversiones en gas natural, cuya producción retrocedió 16,5% entre 2003 y 2013.
Hoy abastece el 68% de la demanda interna, mientras el 32% restante debe cubrirse con importaciones de gas boliviano (15%) y gas natural licuado (17%). Con el mismo objetivo, el Gobierno había puesto en marcha el Plan Gas, a través del cual las petroleras que se comprometen a incrementar inversiones y volúmenes de extracción reciben por el "gas nuevo" un precio subsidiado equivalente a US$7,5 por MBTU, casi tres veces más alto que el del "gas viejo" (US$ 2,8). Esto permitió que en 2015 la extracción de gas detuviera su caída y mostrara por primera vez un repunte de 2,2% anual, aunque concentrado mayormente en dos compañías (YPF y PAE).
Si bien todas esas medidas crearon más de una docena de precios diferentes según el destino del gas, el promedio se ubica ahora en US$ 3,7 por MBTU, según los cálculos de Montamat. O sea, muy por debajo de los US$ 6,6 del importado de Bolivia y de US$ 10/11 del GNL para regasificar, pese a la baja de precios internacionales de los hidrocarburos.
Aun así, los subsidios estatales siguen creciendo a lo largo de la cadena energética, donde casi 50% de la oferta de gas natural se destina a la generación de electricidad con el consumo fuertemente subsidiado.
Con estas distorsiones, muchos usuarios optaron pragmáticamente por reemplazar gas más caro por electricidad más barata (calefacción, cocinas, termotanques, etc.), aunque también escasa. No deja de ser una decisión racional, incentivada por el descalabro de precios energéticos de la gestión kirchnerista. Pero que hoy ya arroja costos visibles e invisibles. Por un lado, cortes de luz en invierno y no sólo en verano. Por otro, una herencia más pesada para el próximo gobierno, cuyos principales candidatos planean reorientar y recortar subsidios como la vía más rápida para achicar el imparable aumento del gasto público y el déficit fiscal.
Fuente: La Nación.-
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