Brasil: Dilma no puede frenar su caída

El último sondeo de MDA reveló que sólo el 7,7% de la población valida su gestión, su mínimo histórico. Por el otro costado, el 62,8% de los brasileros quiere que se le inicie un juicio político.

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Jaqueado por serios problemas económicos y una fuerte crisis política generada por las investigaciones sobre el escándalo de corrupción en Petrobras, la popularidad del gobierno de Dilma Rousseff se hundió ayer a un nuevo mínimo.

Según una encuesta de la firma MDA, apenas un 7,7% aprueba su gestión, mientras que un 62,8% de los consultados apoya que la presidenta sea sometida a un juicio político.

El sondeo, realizado por encargo de la Confederación Nacional del Transporte (CNT), apuntó que un 70,9% de las personas rechaza la administración de la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT). La desaprobación es mayor, 79,9%, si se trata de su desempeño personal, aunque en ese caso es respaldada por un 15,3% de los encuestados. Pese a que Dilma no es investigada en torno del gigantesco esquema de sobornos pagados por constructoras a Petrobras, el 69,2% de los consultados la responsabiliza por el escándalo y el 62,8% se declaró a favor de un impeachment de la presidenta por parte del Congreso.

Además del escándalo de Petrobras, otras razones apuntadas como base para un juicio político a la presidenta fueron las maniobras fiscales ("pedaleadas") que el gobierno realizó el año pasado para ocultar el déficit, y las irregularidades en las cuentas de la campaña por la reelección de Rousseff, que, según declaraciones de arrepentidos, habría recibido aportes de constructoras involucradas en el petrolão.

Esta nueva encuesta de MDA confirma la tendencia en caída libre del gobierno de Dilma, que en enero comenzó su segundo mandato.

El anterior sondeo de la firma, en marzo, le dio a su administración un 10,8% de respaldo, mientras que en junio Datafolha ubicaba su popularidad en un 10% y su reprobación, en 65%.

El 1° de julio, al cumplirse los seis primeros meses de su segundo mandato, Dilma tenía un 9% de apoyo de acuerdo a un sondeo de Ibope, que le daba un rechazo del 68%.

Según el estudio de MDA, el 60,4% de los entrevistados señaló que el problema más grave que enfrenta el país es la crisis económica, en tanto que el 36,2% de los encuestados cree que el mayor desafío son los problemas políticos como resultado de las revelaciones del escándalo de corrupción en Petrobras. Por el caso, se ha producido un cisma en la coalición gobernante, en especial entre el PT y su principal aliado, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que preside ambas cámaras en el Congreso.

Las investigaciones judiciales han llevado al arresto de numerosos ex directivos de Petrobras; ejecutivos de las principales empresas de construcción de Brasil, acusados de haber pagado coimas para asegurarse contratos de licitación en la última década, y hasta el ex tesorero del PT, señalado como el nexo entre el esquema de corrupción en la petrolera estatal y los partidos que se beneficiaron con desvíos de dinero ilegal destinado a financiar campañas electorales.

Además, la Justicia investiga a medio centenar de políticos oficialistas sospechosos de haber participado de esta multimillonaria red que movió más de 2000 millones de dólares.

En medio de constantes revelaciones por los testimonios de detenidos que han decidido firmar acuerdos con las autoridades judiciales para aportar pruebas e incriminar a otros participantes en el esquema, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, del PMDB, se declaró la semana pasada opositor al gobierno al responsabilizarlo de una acusación en su contra filtrada a la prensa.

Por su posición legislativa, segundo en la línea de sucesión presidencial, y su habilidad política, Cunha es considerado una de las personas más poderosas de Brasil en este momento. De él depende la aprobación o rechazo de cualquier eventual pedido de juicio político que sea presentado en el Congreso. Ahora abiertamente enemistado con el gobierno, ayer indicó que cuando el Congreso vuelva de su receso de invierno en agosto, volverá a analizar 11 pedidos de impeachment que tenía archivados.

"Solicité la actualización de esos proyectos porque no perdieron vigencia", afirmó en un claro mensaje a la presidencia.

 

Fuente: La Nación.-