Entrampados en la red

Los escraches virtuales a supuestos acosadores pusieron en alerta a los sanjuaninos sobre la vulnerabilidad de todos ante la tecnología. Un problema que revela la escasa capacitación de las fuerzas de seguridad y la concurrencia masiva a las redes ante la falta de respuestas del Estado.

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Por Graciela Marcet 

¿Quién no compartió alguna vez una foto de un chico supuestamente enfermo para que Facebook done dinero a sus padres para la cura? ¿Quién no pensó que un nuevo click ayudaría a encontrar a una chica perdida? ¿O no creyó que compartir la foto de un supuesto abusador prevendría eventuales acosos de parte de una figura desconocida pero que, contra todas las enseñanzas del INADI, encaja con el perfil “físico y actitudinal” de acosador, construido en el imaginario social?

La mezcla de temas parece no tener sentido. Algunas de las acciones mencionadas nos resultan totalmente inofensivas, mientras otras se acercan peligrosamente al delito o al entorpecimiento en la resolución de casos policiales. Pero es justamente esa falta de claridad en los movimientos que realizamos en las redes la que conduce a compartir livianamente cualquier tipo de información, sin detenerse a pensar si lo que se dice tiene algún atisbo de verdad. En la era de la inmediatez como mayor valor, la máxima de “el tiempo es tirano” manda a dedicar la misma atención a un caso de vida o muerte que a la chicana política del momento o las cargadas futbolísticas del día.

En este contexto, muchos sanjuaninos cayeron esta semana en la trampa de la  divulgación de las fotos de un supuesto acosador, que terminó siendo la víctima de un escrache inmerecido. Este mismo estado de confusión llevó a muchos a desestimar las denuncias virtuales de distintas mujeres hacia un acosador real, tras la falta de respuestas a las denuncias policiales.

Entre mensajes virales y acusaciones de todo tipo, el miedo se esparció rápidamente y muchos vieron de cerca la posibilidad de ser escrachados por una simple foto tomada de forma malintencionada o de convertirse en víctimas de un acoso a través de las redes sociales.

El peligro del engaño en cadena

Si algo bueno tuvo la historia que afectó al albañil desocupado fue la rápida desmentida de la acusación. El accionar policial logró encontrar a la mujer que inició la mentirosa cadena y el caso fue encarrillado por las vías legales. Sin embargo, no todos los engaños son descubiertos tan rápidamente y la mentira alarga sus patas cuando miles de “bromas”, o informaciones maliciosas se reproducen de forma imparable por Internet. En muchos casos, los afectados no pueden iniciar ninguna defensa y a veces ni siquiera se enteran de la estafa que los envuelve. Desde acusaciones falsas hasta notas de contenido sexual, las trampas virtuales comprenden una larga lista que incluye la difusión de supuestos virus incurables, falacias sobre personas, instituciones o empresas; mensajes de temática religiosa; cadenas de solidaridad o de la suerte; métodos para adelgazar y leyendas urbanas, entre otras.

Este tipo de “bulo” o noticia falsa fue popularizado con el término inglés “hoax”, que refiere a los engaños masivos transmitidos por medios digitales, que utilizan un gancho atrayente para captar direcciones de correo electrónico, mandar virus, mensajes con suplantación de identidad, engañar al destinatario para que revele su contraseña o manipular a la opinión pública.

Ante la desprotección de la mayoría de los internautas frente a los “bulos”, algunos usuarios generaron mecanismos caseros de defensa. Es el caso del grupo de Facebook llamado “El peligro de la estupidez. Las mentiras de la red” que a diario advierte sobre el carácter anónimo de estos mensajes, que suelen no citar fuentes ni estar firmados, contienen una petición de reenvío, carecen de fecha de publicación y están redactados de forma atemporal.

“La planta asesina”, “las naranjas con sangre y sida” y “WhatsApp va a ser pago de manera inminente si no compartes este mensaje” son solo algunas de las tantas mentiras denunciadas por los usuarios, enojados por trampas que en muchos casos no tienen consecuencias, pero que en otros pueden ocasionar graves trastornos, desde el desprestigio hasta la creación de un estado de pánico en la sociedad.




Avances en la legislación y falta de capacitación

Mucho después de los progresos legales que tuvieron lugar en Europa, Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica, para frenar el crecimiento de estos delitos desde los años ´80 en adelante, la Argentina esperó hasta el siglo XXI para dar los pasos más significativos en la materia. Uno de los grandes avances se dio en el año 2008, cuando se aprobó la Ley 26.388 de Delitos Informáticos y otro tuvo lugar en el año 2013, cuando fue sancionada la Ley de grooming, un delito virtual contra la integridad sexual de menores de edad.

Sin embargo, muchos especialistas aseguran que aún existen importantes baches en la legislación, no solo en base a la falta de regulación de nuevos delitos sino también a causa de la imprecisión o corto alcance de las leyes existentes. Más allá de las carencias, el marco legal creado en los últimos años indica que ya no es tan cierta la frase de “la falta de regulación en la materia” para explicar por qué no hay castigo para los ilícitos cometidos de forma virtual.

La débil aplicación de las leyes y el escaso conocimiento que aún se tiene sobre lo que constituye delito parece no tener otra respuesta que la ausencia de información en la sociedad y la falta de capacitación sistemática en las fuerzas de seguridad y los sectores de la Justicia encargados de lograr que las leyes tengan aplicación efectiva. Esta misma idea fue la que expuso el fiscal Ricardo Sáenz a fines del año pasado, cuando se refirió a la “necesidad de capacitación de todos los operadores del sistema penal, tanto policías, como fiscales y jueces”, en función de la “importante brecha en estos temas, entre los conocimientos de los delincuentes y de quienes deben combatirlos”.

Cuando el Estado no responde

La difusión masiva de fotos de jóvenes desaparecidas o de mensajes destinados a escrachar a un violento no tiene que ver solamente con la pereza de quienes no se toman el trabajo de corroborar el origen del dato. Ni con la ingenuidad de quienes a veces creemos contribuir a esclarecer algún caso, prevenir abusos o lograr la sanción social para quienes no tienen castigo en el sistema formal. Si la gente reacciona de forma voluntaria y contundente hacia un hecho de este tipo tiene que ver principalmente con la impotencia ante los sucesivos casos de abuso sexual, violencia de género, secuestros, trata de personas, asesinatos, robos comunes y estafas a gran escala, que más allá de cualquier crítica hacia la insistencia mediática en mostrar estos delitos, impactan de manera real e innegable en una sociedad que busca cualquier recurso para protegerse.

El reciente caso de la maestra cordobesa, asesinada por su expareja después de realizar incontables denuncias durante meses, muestra a las claras por qué la gente no duda en compartir la foto de un supuesto acosador o violento. El miedo y la indignación son reacciones totalmente entendibles cuando los sistemas pensados para contener a las víctimas pierden el tiempo en las marañas de la burocracia y dejan desamparados a los que siguen el protocolo de la denuncia formal. Entrampadas por esta red no virtual, muchas personas depositan su esperanza en la publicación de sus dramas, aún a costa del descreimiento y la ridiculización.




¿Se puede salir del laberinto?

Como podemos comprobar, las respuestas a los intrincados problemas que plantea el uso de las redes sociales no son simples. Realizar un manejo responsable sobre los datos personales y sobre aquellos que afecten a terceros es sin dudas el primer paso. A pesar de su aparente obviedad, esta tarea no solo demanda restringir más o menos la configuración de privacidad sino también mantenerse alerta sobre las nuevas trampas virtuales, verificar los datos que puedan afectar la vida de otros y realizar denuncias en la Policía cuando se está en frente de un delito.

Más allá de la instrucción a la que debemos acceder como usuarios de estas tecnologías, la responsabilidad mayor sigue estando en manos de quienes tienen mucho por hacer para crear las mínimas condiciones de seguridad. Un deber que corresponde a los legisladores, cuyo trabajo hoy exige restar tiempo a la inmensa masa de proyectos de declaración para cubrir las lagunas legales que siguen existiendo en este campo. Y una responsabilidad ineludible para el sistema judicial y las fuerzas de seguridad, que no solo deben capacitarse para manejar la legislación sobre informática sino también trabajar para dar respuestas rápidas y efectivas a quienes asumen valientemente la decisión de seguir confiando en el sistema formal.