Se confirma que Gendarmería espió a dirigentes sociales

Los datos están en los discos rígidos de las computadoras secuestradas en Campo de Mayo. Garré lo había negado.



Fuente: Infobae

Las pericias realizadas a los discos rígidos de las seis computadoras secuestradas durante un allanamiento al Centro de Reunión de Información de Campo de Mayo confirmaron que la Gendarmería realizó tareas de inteligencia contra dirigentes sociales, algo que viola las leyes de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional y que había sido negado por la ministra de Seguridad, Nilda Garré, cuando salió a la luz el llamado Proyecto X.

La información encontrada incluye una completa base de datos de los referentes sociales de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, con sus direcciones, la actividad social que desarrollan, el grupo al que pertenecen, el poder de convocatoria que tiene cada uno de ellos y, en algún caso, hasta una referencia sobre su presunta orientación sexual. Se trata en muchos casos de dirigentes barriales que, según figura en los propios informes, tienen capacidad de movilizar solamente unas 60 o 300 personas.

“Dirige el merendero 4 de Agosto, ubicado en la manzana xx, casa xx, de la villa en cuestión. Posee moderado poder de convocatoria”, se señala en un caso. “Colaboradora del comedor Ositos Cariñosos. Estaría alineada al Partido Propuesta Republicana (PRO)”, se menciona en otro.

En los informes, en cambio, no figura ningún elemento que permita inferir que los dirigentes mencionados hayan sido investigados por haber cometido algún delito o que haya existido una orden de un juez para realizar las tareas de inteligencia.

Este último dato es central. En febrero de 2012, cuando estalló el escándalo, Garré tuvo que realizar una conferencia de prensa para negar que la Gendarmería tuviera una base de datos con dirigentes de las organizaciones sociales y asegurar que la fuerza de seguridad siempre actúa “como auxiliar de la Justicia”. “Es para inteligencia criminal de delito complejo”, explicó en aquella oportunidad la ministra. Y agregó: “No se utilizó nunca en manifestaciones sociales”. La información encontrada en las propias computadoras de Gendarmería desmiente a Garré.

Entre los documentos -muchos con el sello de “secreto y confidencial”- figuran también informes desde los lugares de reuniones de organizaciones sociales, en los que se analiza y caracteriza la información. “De fuentes confiables tomose conocimiento”, se señala en uno de los informes desde Córdoba. “Se pudo saber que el gremio se encuentra dividido en dos sectores, uno radicalizado y otro más componedor”, sostiene otro.

Las nuevas pruebas -unos 500 documentos almacenados en 5 CDs- ya están en el juzgado federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello, y también en poder de los partidos de izquierda y organismos de derechos humanos que iniciaron la denuncia.

El viernes, los querellantes se presentaron en el juzgado para reclamar que sean llamados a indagatoria el ex jefe de la Genderamería Héctor Schenone y otros integrantes de la cúpula de esa fuerza de seguridad.

A comienzos de 2012, Schenone, en ese momento todavía jefe de Gendarmería, reconoció ante la Justicia la existencia del Proyecto X. Fue en el marco de la causa caratulada “Gendarmería Nacional s/delito de acción pública c/Hermosilla, Darío Javier y otros”. La causa tomó el nombre de Darío Javier Hermosilla, delegado sindical de base y uno de los cabecillas de las protestas contra la empresa Kraft Foods en 2007 en reclamo de mejoras salariales y la reincorporación de trabajadores despedidos. Efectivos de la Gendarmería y la Policía Federal fueron desplegados para evitar el corte que realizaban en la Panamericana.

“La Gendarmería tiene toda una estructura armada a nivel nacional para espiar, analizar y armar bases de datos con las actividades de las organizaciones sociales y gremiales, como la interna de Kraft y de Pepsico. Se criminaliza la protesta en forma gigantesca y sistemática pese al ‘relato’ fundacional K”, denunciaron los abogados Myriam Bregman (PTS) y Agustín Comas (Ceprodh).

Los denunciantes sostienen que los datos obtenidos a partir de las tareas de inteligencia de la Gendarmería fueron utilizados para iniciar las distintas causas penales contra los dirigentes gremiales de base y referentes sociales. Y ahora buscarán anularlos.