Chimbas, al borde de una crisis institucional por el Presupuesto 2026

La aprobación del Presupuesto 2026 en Chimbas terminó de romper un equilibrio político que ya venía frágil. Lo que debía ser una discusión técnica sobre números y prioridades derivó en un conflicto abierto entre el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante, con acusaciones cruzadas, ruptura del diálogo institucional y un escenario que la propia intendenta definió como crítico.

El punto de quiebre fue la modificación que introdujo el cuerpo legislativo al proyecto original enviado por Daniela Rodríguez. Sobre un presupuesto estimado en alrededor de 4.000 millones de pesos, el Concejo resolvió asignarse el 11,7% para su funcionamiento, cuando la propuesta del Ejecutivo contemplaba apenas un 4%. La diferencia implicó una reasignación de recursos que, desde el municipio, interpretan como una quita directa a la administración central y a su capacidad de gestión.

Tras la sesión, la intendenta salió públicamente a cuestionar con dureza la decisión. En declaraciones radiales, aseguró que “esto es un ataque a la gobernabilidad y a la institucionalidad del municipio” y remarcó que la medida se adoptó sin instancias de diálogo ni consensos previos. Según explicó, “se ha producido un avasallamiento del poder legislativo sobre el ejecutivo, mediante una asignación arbitraria e infundada de recursos”.

Rodríguez hizo hincapié en que el Ejecutivo es el área que ejecuta políticas públicas, sostiene los servicios esenciales y responde a la demanda social, en un contexto económico complejo. En ese marco, advirtió que la quita presupuestaria condiciona la planificación y puede afectar obras, programas culturales, políticas educativas y acciones de contención social. También señaló un impacto directo en la relación con los trabajadores municipales: “Esto incide en paritarias, bonos y en compromisos asumidos”, sostuvo.

El trasfondo político del conflicto quedó expuesto en la votación. La mayoría que avaló el incremento de fondos al Concejo fue transversal y estuvo integrada tanto por concejales opositores como por ediles que ingresaron por el mismo espacio político que la intendenta. Para Rodríguez, ese alineamiento confirma que hoy “no hay un oficialismo definido” y que el cuerpo deliberativo actúa de manera unificada contra el Ejecutivo. “Cuando se corta el diálogo institucional, se afecta directamente la gobernabilidad”, advirtió, al marcar que la relación atraviesa un punto de no retorno.

Desde el Concejo Deliberante, el presidente del cuerpo, Ariel Rivero, defendió la decisión a través de un comunicado oficial. Allí sostuvo que la modificación al Presupuesto 2026 “consistió exclusivamente en un reordenamiento de partidas, sin alterar el monto total”, y que respondió a la necesidad de una distribución más equitativa de los recursos, al considerar que en la propuesta original el Ejecutivo concentraba el 96% del manejo presupuestario. En esa línea, afirmó que “cada recurso administrado se transforma en una ayuda concreta”, y mencionó asistencia social, traslados sanitarios y apoyo a familias en situaciones críticas.

Una postura similar expresó el concejal Eduardo Rodríguez, de Cambia San Juan, quien aseguró que el Ejecutivo seguirá administrando el 88,3% del presupuesto total. “No se trata de aumentar gastos, sino de utilizar estratégicamente recursos que ya existen”, afirmó, y sostuvo que la medida no afecta el ahorro ni los fondos destinados a obras y servicios.

Sin embargo, desde el entorno de la intendenta la lectura es diametralmente opuesta. Rodríguez cuestionó la intencionalidad política detrás de la reasignación y advirtió que el aumento del presupuesto legislativo habilita la creación de nuevos cargos y un mayor gasto político. “Cuando los concejales se asignan recursos para sí mismos, aparece una lógica de especulación que nada tiene que ver con el bien colectivo”, lanzó.

La jefa comunal también apuntó al funcionamiento del Concejo durante el año y recordó que se aprobaron balances con casi un año de atraso, además de cuestionar la escasa producción legislativa. “Nunca en la historia de este municipio se había avanzado de esta manera sobre los recursos del Ejecutivo”, afirmó, y remarcó que el conflicto no es personal sino institucional, ligado a la defensa del mandato popular. Según expresó, la quita de recursos “termina afectando directamente a los vecinos”.

Con el Presupuesto 2026 ya aprobado pero bajo un clima de máxima tensión, la intendenta anticipó que evalúa los pasos a seguir para resguardar la gobernabilidad y el funcionamiento del municipio. Mientras tanto, Chimbas quedó atrapada en una disputa política que excede los números y deja al descubierto una relación entre poderes profundamente deteriorada.