
Un brutal choque múltiple en la Ruta 9, a la altura de Rosario de la Frontera, dejó siete heridos.
La medida se adoptó debido a incumplimientos contables, deficiencias administrativas y superación de los factores de criticidad previstos por la normativa.
NacionalesLa Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación declaró en situación de crisis a la Obra Social del Personal de la Actividad Azucarera Tucumana y a la Obra Social de los Conductores de Taxis de Córdoba, mediante las resoluciones Nº 1755/2025 y Nº 1767/2025. La medida se adoptó debido a incumplimientos contables, deficiencias administrativas y superación de los factores de criticidad previstos por la normativa.
Las entidades deberán presentar, en un plazo máximo de 15 días, un plan de contingencia con medidas correctivas y metas trimestrales, que será supervisado por el Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de Agentes del Seguro.
Con estas incorporaciones, suman 14 las obras sociales actualmente declaradas en crisis. Además, siete se encuentran en proceso de baja y otras ocho bajo intervención. El objetivo de estas acciones es garantizar la prestación de servicios de calidad y fortalecer la gestión institucional y financiera de las entidades.
La Superintendencia informó que este proceso no se limita a Tucumán y Córdoba, y ya se extendió a otras obras sociales de distintas provincias, incluyendo las del personal de hipódromos y mutuales metalúrgicas. Durante la actual gestión también se dispuso la disolución de entidades con crisis estructural, como la OSPIB y la exclusión del registro de la OSPAD, en ambos casos por irregularidades y falta de afiliados activos.
Un brutal choque múltiple en la Ruta 9, a la altura de Rosario de la Frontera, dejó siete heridos.
A los representantes fijos se sumaron los secretarios Carlos Guberman y Julio Cordero. También Luciano Laspina, Lisandro Nieri y Martín Kerchner Tomba.
Investigan los motivos por los que el kit utilizado no llegó a desplegarse. Los detalles.
La denuncia quedó a cargo por sorteo del juez federal Sebastián Ramos. La investigación es por supuesta "instigación a cometer delito" en base a la ley 23592, artículo 3.
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