El fiscal a cargo de la investigación aseguró que la decisión se tomó en base a peritajes concluyentes y descartó influencias externas o valoraciones subjetivas.
Diario Móvil
Luego de que el juez Javier Figuerola resolviera sobreseer a Juan Pablo Echegaray en la causa que investiga la muerte de Lucía Rubiño, el fiscal Iván Grassi ofreció una extensa explicación sobre las razones detrás de su dictamen. Frente a los cuestionamientos públicos del padre de la adolescente fallecida, que lo acusó de haber abandonado la imputación, el funcionario judicial aclaró que su decisión se basó estrictamente en los informes periciales y en la imposibilidad legal de sostener una acusación penal sin pruebas científicas.
Según Grassi, tres pericias técnicas —realizadas por expertos del Ministerio Público, de la defensa y de la querella— coincidieron en aspectos clave: que el menor involucrado circulaba a alta velocidad, en contramano, y que la colisión se produjo en el carril por el que circulaba Echegaray, quien además conducía a baja velocidad y estaba en proceso de desaceleración. “El poder de evitabilidad del siniestro lo tenía el menor, no Echegaray. Esa coincidencia entre los informes hizo insostenible la acusación inicial por homicidio culposo”, explicó el fiscal en Radio Sarmiento.
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A modo de antecedente, recordó que al inicio de la investigación imputó a Echegaray por dos hechos distintos: las pruebas de velocidad realizadas esa madrugada en el barrio, que sí irán a juicio el próximo 27 de mayo, y una coautoría en el hecho fatal ocurrido dos horas más tarde. Pero sostuvo que, tras el análisis técnico, se descartó la participación culposa del joven sobreseído. “Yo no puedo mentirle a una familia ni construir una expectativa falsa. No es serio llevar a alguien a juicio sin sustento pericial, solo por presión emocional o para prolongar un dolor”, afirmó.
En relación con el intercambio que mantuvo con Jorge Rubiño —padre de la víctima— en los pasillos de Tribunales, el fiscal prefirió no polemizar, pero sí aclaró que le recomendó apelar el fallo si no estaba conforme con la decisión. “Le dije que si no compartían el dictamen, tenían todo el derecho de agotar las instancias superiores. Lo que hice fue un trabajo técnico, no una valoración personal. Yo no estoy para opinar sobre el dolor ajeno, sino para investigar con pruebas”, sostuvo.
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Además, remarcó que tanto la familia Rubiño como sus representantes legales tuvieron acceso completo a la investigación desde el primer día. “Todo fue transparente. Ellos conocen el expediente, las pericias, los fundamentos. No hay nada oculto. Si me equivoqué, están los organismos judiciales que pueden corregirme. Pero no se puede jugar con algo tan delicado sin respaldo técnico”, insistió.
Grassi reconoció el dolor de los allegados a Lucía y señaló que, como fiscal de la UFI que trata causas sensibles todos los días, comprende el sufrimiento que implica perder a un ser querido. “En esta fiscalía atendemos casos de muertes trágicas todo el tiempo. Y siempre trabajamos con respeto. Este no es un caso más, pero no puede resolverse desde la emocionalidad ni desde la presión social”, cerró.
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