El Gobierno ofrece una millonaria recompensa para identificar a los barras

El Gobierno Nacional anunció una serie de medidas contra los barras bravas que participaron en los disturbios ocurridos durante la última marcha de jubilados en las inmediaciones del Congreso.

A través de la Resolución 357/2025, publicada en el Boletín Oficial, se estableció una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan identificar a los organizadores de los hechos de violencia.

Además, el Gobierno solicitó el allanamiento y la detención de 29 personas, a quienes también se les impuso la prohibición de ingreso a estadios de fútbol.

Detalles de la medida
La resolución, firmada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, establece en su artículo 1:

“Ofrécese como recompensa, dentro del territorio de la República Argentina, la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($10.000.000) destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles, precisos y concretos que permitan identificar y lograr la captura de los autores y responsables de haber promovido disturbios y delitos en la zona del Congreso Nacional el 12 de marzo de 2025.”

Las personas que cuenten con información podrán comunicarse de manera anónima con la línea gratuita 134, del Programa Nacional de Recompensas.

Los disturbios y la respuesta del Gobierno
Según la resolución, el 12 de marzo, “grupos organizados y barras bravas de diferentes clubes de fútbol, con la excusa de apoyar la movilización de jubilados, provocaron disturbios con fines desestabilizadores en el Congreso Nacional".

El documento detalla que estos grupos:

Atacaron a las fuerzas de seguridad con golpes, piedras y armas blancas.
Incendiaron una moto policial y un patrullero.
Dañaron bienes públicos, incluidos nueve vehículos.
Lesionaron a más de una docena de policías.
Asimismo, la ministra Bullrich sostuvo que los manifestantes llegaron al Congreso equipados con armas de fuego, clavos tipo “miguelito” y materiales inflamables, lo que indicaría que la acción fue premeditada y organizada.

Repercusión legal y contexto institucional
El Gobierno considera que los incidentes constituyen un caso de gravedad institucional, con impacto a nivel nacional e internacional. En la resolución se cita el artículo 226 del Código Penal, que sanciona los actos destinados a impedir el ejercicio del Poder Ejecutivo.

Además, se indica que los disturbios formaron parte de una reunión de personas armadas con el objetivo de obstaculizar la labor de las fuerzas de seguridad, lo que encuadra en los artículos 229 y 230 del Código Penal.

Por ello, el Gobierno subrayó la urgencia de identificar y detener a los responsables, con el fin de garantizar el orden público y la estabilidad institucional.