Indignación por el cierre de un instituto de capacitación

Se trata del ICAT que dictaba cursos de inglés, computación y capacitación laboral en general. De un día para el otro cerró las puertas, y dejó a profesores en la calle y alumnos sin poder continuar sus estudios.  

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El Instituto de Capacitación y Trabajo estaba ubicado en la calle Mitre antes de Entre Ríos. Allí estudiaban decenas de jóvenes que buscaban adiestrarse en tareas que les permitieran en el futuro tener una mejor salida al mundo laboral.

Pero el miércoles de la semana pasada el local apareció cerrado y vacío. En la puerta sólo había un cartel que daba dos números de teléfono, sin identificar a quiénes pertenecían. Lo cierto es que este hecho dejó a 250 alumnos sin continuar sus estudios y a 13 personas (entre profesores y administrativos) sin trabajo.

El ICAT tiene una cadena de institutos a lo largo del país, pero en San Juan el dueño de la franquicia era Norberto Araya. Este hombre, neuquino de origen, salió a dar explicaciones después de que el asunto tomara trascendencia a través de las redes sociales.




Según dijo, los indemnizó a los empleados con el propio mobiliario del instituto y les pidió disculpas a los chicos que pagaron el curso y no lo podrán terminar. Claro, de devolverles el dinero no hizo ninguna mención. Araya explicó que el instituto no podía seguir abierto porque económicamente no era viable.

A través de un grupo de Facebook llamado "ICAT Estafados San Juan" (Ver: https://www.facebook.com/groups/1412477435737848/?fref=ts) se suman las denuncias de los exalumnos que quedaron en la calle. De hecho, ya hay varias movidas para hacer presentaciones en conjunto contra el dueño del instituto por estafa.

Incluso, muchos publicaron en las redes sociales que desde hace varios años el ICAT les niega la entrega de certificados de cursos ya terminados. Esto sería porque la institución no habría tenido el aval del Ministerio de Educación.

En relación a ello, Julio Fernández, director de Educación Privada, contó que ICAT tenía una disposición provisoria de funcionamiento pero que nunca obtuvo la resolución definitiva. "Desde 2011 no podía dictar cursos por la falta de documentación correspondiente", dijo el funcionario.

Fernández pidió que los alumnos se acerquen por el Ministerio de Educación con la documentación que tengan "para poder hacer algún tipo de valoración de los cursos".