Dos proyectos que ponen coto a la minería a cielo abierto

La UCR presentó sendos proyectos en la Cámara Baja por los cuales, por un lado, se prohíbe “la actividad minera con minerales nucleares, uranio y torio en la modalidad denominada a cielo abierto o tajo abierto”, mientras que por el otro, de aprobarse la ley, se generaría la “prohibición de la actividad minera metalífera en la modalidad denominada a cielo abierto o tajo abierto”.

La primera de las iniciativas es encabezada por la firma de la diputada por La Rioja, Olga Brizuela y Doria de Cara, mientras que la restante la inició Julio César Martínez, también de la mencionada provincia.
Entre los fundamentos, de su propuesta Martínez destacó que “resulta, por tanto, absolutamente claro que la denominada minería a gran escala o megaminería con modalidad a cielo abierto, una de las formas más devastadoras y agresivas para el ambiente y que conlleva además grandes impactos sociales y culturales, es totalmente incompatible con lo estipulado por nuestra Constitución Nacional y los principios rectores de la Ley N° 25.675 (Ley General del Ambiente)”.
Añade en la iniciativa que “esta modalidad de minería metalífera a gran escala, a cielo abierto y con uso de tóxicos es una enorme consumidora de energía eléctrica y de agua que queda irreversiblemente contaminada, compitiendo en el uso de dichos recursos con la agricultura y otras actividades productivas tradicionales de las zonas donde se asientan los emprendimientos”.
El legislador hace hincapié en que “en los últimos meses, asistimos al resurgimiento y la profundización de la oposición de las poblaciones de la zona de influencia de los emprendimientos mineros en explotación actual o futura”, agregando que “dicha oposición se sustenta en el acabado conocimiento de las mismas respecto de los efectos de este tipo de actividad predatoria y el stress generado a partir de la pérdida de la paz social. Esto resulta claro y evidente en poblaciones como Esquel, Andalgalá, Jáchal, Tinogasta, Abra Pampa, Chilecito, Famatina y distintas regiones o reservas de pueblos originarios”.
Para finalizar resaltando que “en la zona de influencia directa de los emprendimientos mineros se genera un contexto de contaminación psíquica y social, el cual se impone a partir de la connivencia del poder político, judicial y mediático con las corporaciones mineras. Las estrategias de empobrecimiento social, cultural, ambiental, ecológico y económico que intentan legitimar estratégicamente el discurso falaz de que la única forma de supervivencia regional es la actividad minera. El emergente más claro de esta problemática y este accionar es una fragmentación social que en algunos casos se torna en fractura”, considera Martínez.