Diario Móvil
El Gobierno de San Juan envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para modificar el destino de los vehículos retenidos en controles de tránsito y avanzar con su subasta o compactación, según el estado de cada unidad.
La iniciativa apunta principalmente a descomprimir el depósito judicial ubicado en 9 de Julio, donde se acumulan miles de vehículos y cuya capacidad se encuentra actualmente ocupada entre un 80% y un 85%.
La ministra de Gobierno, Laura Palma, explicó que, en caso de aprobarse la modificación de la Ley 1810-A, primero deberá elaborarse el decreto reglamentario que establecerá el procedimiento para clasificar los vehículos.
Según explicó la funcionaria, los rodados serán evaluados mediante informes técnicos de la Secretaría de Seguridad. Aquellos que se encuentren en condiciones podrán ser destinados a remate, mientras que los que no sean aptos para circular podrán ser vendidos como chatarra para su compactación.
El proyecto establece que los recursos obtenidos mediante las subastas tendrán como destino áreas como salud, educación, infraestructura y asistencia social. También contempla mecanismos de rendición de cuentas anual.
En cuanto a quiénes podrán participar de los remates, Palma señaló que las condiciones quedarán definidas en la reglamentación, aunque adelantó que podrían intervenir personas humanas o jurídicas que cumplan con los requisitos fiscales establecidos.
La situación del depósito también genera preocupación por cuestiones ambientales. La acumulación de vehículos implica la presencia de aceites y otros líquidos contaminantes, mientras que recientemente se publicaron edictos vinculados a tandas de más de 1.800 vehículos.
El proyecto deberá ahora ser analizado por la Legislatura antes de definir si el Ejecutivo queda habilitado para avanzar con este nuevo esquema de disposición de los vehículos retenidos.
