Crisis institucional en Paraguay: Santiago Peña fue destituido y quedó detenido

Paraguay atraviesa una de las crisis políticas más profundas de los últimos años. El Senado resolvió apartar de la Presidencia a Santiago Peña luego de un juicio político en el que se lo encontró responsable de graves irregularidades en el ejercicio de sus funciones. La decisión contó con el respaldo de los 44 senadores presentes, mientras que un legislador no participó de la sesión.

El mandatario no acudió al recinto para ejercer personalmente su defensa, pese a haber sido convocado. En su representación intervinieron los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, quienes llevaron adelante la estrategia jurídica durante el proceso.

La salida de Peña marca un hecho de fuerte impacto en la historia democrática paraguaya. Desde el final de la dictadura de Alfredo Stroessner, en 1989, solamente Fernando Lugo había sido apartado del cargo mediante un mecanismo similar, en junio de 2012.

Sin embargo, la crisis no terminó con la resolución parlamentaria. Poco después de conocerse el resultado de la votación, agentes de la Fiscalía se presentaron en la vivienda del exjefe de Estado, ubicada en Asunción, y concretaron su detención en el marco de una investigación por presunta lesión de confianza y otras posibles irregularidades relacionadas con el cierre de Ueno Bank. Peña fue convocado a prestar declaración este sábado a las 11.

La causa también alcanzó al expresidente del Banco Central, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, sobre quien se dispuso una medida de arresto. Horas más tarde, ante la concentración de manifestantes en las inmediaciones de la residencia del exmandatario, las autoridades judiciales ordenaron su traslado a las instalaciones del Regimiento Escolta Presidencial.

En paralelo, el vicepresidente Pedro Alliana quedó al frente del Poder Ejecutivo. Al asumir, hizo referencia a la complejidad del escenario político y pidió fortaleza y claridad para afrontar las decisiones que deberá tomar durante esta etapa.

El conflicto bancario que desencadenó la crisis

El trasfondo de la destitución está relacionado con la intervención de Ueno Bank, una entidad financiera que concentraba alrededor de 2,9 millones de usuarios en Paraguay, cuya población ronda los 6,1 millones de habitantes.

La situación del banco generó fuertes repercusiones económicas y sociales, especialmente luego de que numerosos clientes quedaran imposibilitados de disponer de sus fondos. La preocupación también se extendió a los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), en medio de la incertidumbre por la situación financiera.

En el Congreso, los legisladores que impulsaron el juicio político sostuvieron que las decisiones adoptadas durante la administración de Peña habrían provocado un daño económico cercano a los 1.200 millones de dólares para las arcas públicas. Además, cuestionaron los supuestos vínculos entre el entonces presidente y la entidad financiera, así como el presunto direccionamiento de recursos estatales hacia el banco.

Qué cambia para el expresidente

La destitución también tiene consecuencias en el plano institucional. La Constitución paraguaya contempla que quienes hayan ejercido la Presidencia mediante elecciones puedan ocupar una banca vitalicia en el Senado, con las protecciones correspondientes. Sin embargo, esa prerrogativa no alcanza a quienes fueron removidos mediante un juicio político.

De esta manera, Peña deja de contar con la inmunidad asociada a esa condición y queda expuesto a eventuales procedimientos penales sin que sea necesario avanzar previamente con un trámite de desafuero.

Antes de que se concretara la votación, el propio Peña había comunicado su decisión de abandonar el cargo a través de una publicación en la red social X. El mensaje de renuncia no llegó a ser considerado por el Congreso debido a la falta de quórum.

En esa comunicación, el exmandatario argumentó que no quería convertirse en un factor que profundizara las divisiones políticas ni agravara la inestabilidad del país. También convocó a la sociedad paraguaya a trabajar en la recuperación de las instituciones y de la confianza pública.

Con su salida del poder y la apertura de investigaciones judiciales, Paraguay inicia un nuevo capítulo de incertidumbre política, mientras las autoridades deberán esclarecer las responsabilidades detrás del colapso financiero que desencadenó el conflicto.