Ángel de Brito actualizó como se encuentra el periodista que está internado desde el 14 de junio.
Un logro sanjuanino: A juicio los gitanos que vendieron a una niña
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La secretaria de Gobierno y Derechos Humanos, Fabiola Aubone, celebró que la Justicia Federal haya podido llegar a esta instancia en un delito que aún cuesta visibilizar. "Más allá de cuidar las costumbres de la comunidad, seguiremos previniendo la trata de personas y protegiendo a quienes sean víctimas", aseguró.
Imagen ilustrativa
Finalmente dos gitanos de apellido Aramayo serán juzgados por haber vendido a una nena de 14 años para casarla y por cambiarle su nombre y apellido para tramitar un plan social por los hijos que tuvo. Los delitos son por trata de personas y supresión de identidad.
La secretaria de Gobierno y Derechos Humanos, Fabiola Aubone, celebró que esto suceda porque "todos, comunidad gitana u originarias, todos; vivimos en un Estado de Derechos. Hay normas que nos regulan a todos, sin desconocer costumbres que deben ser mantenidas y cuidadas por identidad. Pero hay cosas que sí o sí tienen que ir en orden", dijo a DIARIO MÓVIL.
Para justificar la venta de la niña al concubino, los sujetos dijeron que era una dote de 50.000 pesos. Luego, usaron una normativa donde se plantea que ante inexistencia de identidad de una persona, tiene tiempo para inscribirse hasta los 12 con presencia de dos testigos y llenando una declaración jurada. Ahí se configura el delito cuando dicen que esta niña no tenía identidad. No sólo la tenía, sino que la duplican. Y usaron ese nuevo DNI de la chica para un plan social por los hijos que había tenido en ese casamiento forzado.
El caso ocurrió en 2014, cuando la niña tenía 14 años y la vendieron en Chubut. Hoy, tiene 17 años y 3 hijos. Vive en Entre Ríos, lejos de sus captores. Sin embargo es en San Juan donde se detectó el caso, cuando la menor vivía encerrada en una vivienda de Rawson.
"Es por demás interesante vivirlo en San Juan, haber llegar a esta instancia de juicio oral. La víctima está protegida y hay que vivir esta complejidad. Esto existe y es real, no salió de una película", manifestó Aubone.
"Si bien surge dentro de la conducta y costumbre de la comunidad; la trata de mujeres, niños, para trabajo esclavo o para explotación sexual; son delitos organizados. Hay una cadena de trabajo previo, de investigación, de captación. No se paran al azar, en Plaza 25 y al que se descuida le sacan el niño. Esto está direccionado, desde el momento en que se acercan hasta que secuestran de la forma menos visible", remarcó la funcionaria.
El caso de la gitanita explica a la perfección el concepto de vulnerabilidad y este cruel delito de trata. Fue sometida económicamente, encerrada y sus captores aprovecharon que no poseía madurez por su edad ni por su grado de instrucción escolar. Sólo llegó hasta 2º grado de la primaria. Tenía 7 años cuando murió su papá. Su mamá se casó con un "criollo" y se fue a vivir a Entre Ríos. Ella quedó con su abuela y el tío que la vendió. Tres vecinos conocían de la situación, pero recién lo confesaron a las autoridades durante la investigación judicial.
"Nos cuesta aceptar como sociedad aceptar que tenemos estos problemas. Si bien San Juan tiene índices de inseguridad mucho menores que otras provincias, no somos una isla. Seguiremos previniendo, haciendo conciencia de que esto es un problema y seguiremos protegiendo a quienes sean víctimas", afirmó Fabiola Aubone.
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Finalmente dos gitanos de apellido Aramayo serán juzgados por haber vendido a una nena de 14 años para casarla y por cambiarle su nombre y apellido para tramitar un plan social por los hijos que tuvo. Los delitos son por trata de personas y supresión de identidad.
La secretaria de Gobierno y Derechos Humanos, Fabiola Aubone, celebró que esto suceda porque "todos, comunidad gitana u originarias, todos; vivimos en un Estado de Derechos. Hay normas que nos regulan a todos, sin desconocer costumbres que deben ser mantenidas y cuidadas por identidad. Pero hay cosas que sí o sí tienen que ir en orden", dijo a DIARIO MÓVIL.
Para justificar la venta de la niña al concubino, los sujetos dijeron que era una dote de 50.000 pesos. Luego, usaron una normativa donde se plantea que ante inexistencia de identidad de una persona, tiene tiempo para inscribirse hasta los 12 con presencia de dos testigos y llenando una declaración jurada. Ahí se configura el delito cuando dicen que esta niña no tenía identidad. No sólo la tenía, sino que la duplican. Y usaron ese nuevo DNI de la chica para un plan social por los hijos que había tenido en ese casamiento forzado.
El caso ocurrió en 2014, cuando la niña tenía 14 años y la vendieron en Chubut. Hoy, tiene 17 años y 3 hijos. Vive en Entre Ríos, lejos de sus captores. Sin embargo es en San Juan donde se detectó el caso, cuando la menor vivía encerrada en una vivienda de Rawson.
"Es por demás interesante vivirlo en San Juan, haber llegar a esta instancia de juicio oral. La víctima está protegida y hay que vivir esta complejidad. Esto existe y es real, no salió de una película", manifestó Aubone. "Si bien surge dentro de la conducta y costumbre de la comunidad; la trata de mujeres, niños, para trabajo esclavo o para explotación sexual; son delitos organizados. Hay una cadena de trabajo previo, de investigación, de captación. No se paran al azar, en Plaza 25 y al que se descuida le sacan el niño. Esto está direccionado, desde el momento en que se acercan hasta que secuestran de la forma menos visible", remarcó la funcionaria.
El caso de la gitanita explica a la perfección el concepto de vulnerabilidad y este cruel delito de trata. Fue sometida económicamente, encerrada y sus captores aprovecharon que no poseía madurez por su edad ni por su grado de instrucción escolar. Sólo llegó hasta 2º grado de la primaria. Tenía 7 años cuando murió su papá. Su mamá se casó con un "criollo" y se fue a vivir a Entre Ríos. Ella quedó con su abuela y el tío que la vendió. Tres vecinos conocían de la situación, pero recién lo confesaron a las autoridades durante la investigación judicial.
"Nos cuesta aceptar como sociedad aceptar que tenemos estos problemas. Si bien San Juan tiene índices de inseguridad mucho menores que otras provincias, no somos una isla. Seguiremos previniendo, haciendo conciencia de que esto es un problema y seguiremos protegiendo a quienes sean víctimas", afirmó Fabiola Aubone.
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