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La Corte Suprema de Justicia de San Juan se encuentra entre los trece tribunales superiores del país que no respondieron a un pedido formal de acceso a las declaraciones juradas patrimoniales de sus magistrados. El requerimiento fue realizado entre abril y mayo de 2025 por la organización periodística Ruido y Connectas, revelando una baja tasa de transparencia en el Poder Judicial a nivel provincial.
Los resultados de la investigación indican que solo se pudo acceder a las declaraciones de apenas el 14% de los magistrados de las Cortes Supremas provinciales del país, lo que equivale a solo 19 jueces.
La investigación arrojó que únicamente seis provincias respondieron al requerimiento. De ellas, solo Córdoba (7) y Mendoza (7) publicaron la información de la totalidad de sus integrantes, manteniendo el acceso disponible en el Portal de Ética Pública en el caso mendocino.
En el resto de las jurisdicciones que respondieron, las respuestas fueron parciales, como en Catamarca (una ministra), La Pampa (un ministro), Neuquén (un juez) y Tierra del Fuego (dos ministros).
La mayoría de las cortes que rechazaron o limitaron la publicidad de las declaraciones argumentaron que, si bien cumplen con la obligación de presentarlas ante organismos locales, estas se mantienen bajo reserva o "sobre cerrado". Tal fue el caso de tribunales en Salta, Río Negro, Entre Ríos y Chaco, que derivaron las consultas a Escribanías de Gobierno u Oficinas de Ética Pública. En Entre Ríos, incluso, se aclaró que las declaraciones son "secretas" y solo pueden abrirse en el marco de una investigación penal.
Junto a la Corte sanjuanina, los tribunales de otras doce jurisdicciones optaron por el silencio. Las Cortes Supremas de Buenos Aires, Chubut, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires tampoco respondieron al pedido de acceso a la información.
Este panorama, con datos correspondientes a las conformaciones judiciales de mayo de 2025, pone en evidencia el desafío de la transparencia en el sistema judicial provincial argentino.
