El IPV busca agilizar la recuperación de viviendas deshabitadas o mal utilizadas

El Instituto Provincial de la Vivienda lleva adelante un proceso de revisión interna para hacer más ágil la detección y recuperación de viviendas adjudicadas que permanecen vacías, alquiladas o usadas de forma irregular. El objetivo es que esos inmuebles vuelvan a manos de familias que realmente los necesiten, evitando que queden durante años fuera del circuito habitacional.

La directora del organismo, Elina Peralta, explicó que los equipos técnicos realizan operativos en distintos barrios y reciben denuncias anónimas a través de los canales oficiales. Sin embargo, reconoció que el procedimiento actual es complejo y que los tiempos legales son demasiado prolongados. “Estamos evaluando cómo reducir los plazos de revocación, que son muy largos por los pasos administrativos y judiciales que deben cumplirse antes de recuperar una vivienda”, señaló.

Por ahora, el IPV mantiene reuniones con Asesoría Letrada y con Fiscalía de Estado para analizar posibles modificaciones que permitan acortar el proceso sin vulnerar derechos. Peralta aclaró que cualquier cambio deberá encuadrarse dentro de la normativa vigente y que, si fuera necesario, se impulsarán ajustes legales.

En la mayoría de los casos detectados, las viviendas se encuentran desocupadas o en desuso visible, aunque también se investigan situaciones más difíciles de comprobar, como alquileres informales o cesiones no autorizadas. “Hay casas que nunca llegaron a ocuparse y otras que fueron abandonadas tiempo después. En ocasiones, recién tomamos conocimiento gracias a las denuncias vecinales”, explicó la funcionaria.

Una vez que se concreta la revocación de una adjudicación, el IPV inspecciona el estado de la vivienda, evalúa si requiere reparaciones y luego la incorpora al sistema de sorteos, salvo casos excepcionales donde se aplican criterios de vulnerabilidad.

La normativa vigente establece que las viviendas no canceladas no pueden ser vendidas, alquiladas ni permanecer vacías. Además, obliga a los adjudicatarios a ocuparlas de forma inmediata y mantenerlas en buen estado. Si se detecta un incumplimiento, el organismo puede iniciar un expediente que, tras verificaciones y notificaciones, deriva en una acción legal para recuperar la posesión.

“Queremos que cada casa cumpla con su fin social. El desafío es lograr que el trámite sea más rápido, sin perder las garantías que exige la ley”, expresó Peralta, quien destacó que el propósito del IPV es garantizar el uso responsable de cada vivienda adjudicada.