Caso Emir Barboza: los acusados enfrentan penas de hasta 30 años de prisión

Este viernes 17 de octubre, la Justicia sanjuanina celebrará la audiencia de formalización por el caso de Emir Barboza, el niño de 8 años que murió en la madrugada del 14 de octubre tras recibir un disparo en el pecho en el barrio Valle Grande, en Rawson. La investigación, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, involucra a siete detenidos —seis adultos y un menor de 17 años— mientras que una octava persona continúa prófuga, aunque con posibilidad de presentarse voluntariamente en las próximas horas.

Los fiscales Iván Grassi y Sebastián Gómez anticiparon que este viernes imputarán a los seis adultos por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, que prevé penas de entre 10 y 30 años de prisión. En una etapa posterior, podrían sumarse cargos complementarios por abuso o portación ilegal de armas, según el resultado de las pericias en curso. “La causa es compleja y todavía hay estudios pendientes, entre ellos los de ADN sobre las armas secuestradas. El objetivo es no adelantar hipótesis hasta tener la evidencia completa”, explicó Grassi.

Entre los detenidos se encuentran Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guajardo y Jonathan Javier Carrizo, mientras que el adolescente L.B. es investigado por separado en el fuero de Menores. A todos se les atribuye participación en el hecho ocurrido durante una gresca que derivó en una balacera en plena vía pública, en la que Emir fue alcanzado cuando intentaba refugiarse en su casa.

La Fiscalía obtuvo una prueba audiovisual considerada clave: un video en el que se observa el momento en que el niño cae tras recibir el impacto. “El registro no tiene la nitidez ideal, pero permite reconstruir parte de lo ocurrido. Se trabaja en su mejora para que pueda incorporarse formalmente al expediente”, señaló el fiscal Grassi.

En los días posteriores al crimen, efectivos de la Policía de San Juan secuestraron un revólver calibre 22 y varias vainas servidas de distintos calibres. Las pericias balísticas y genéticas determinarán si alguna de esas armas fue utilizada en el hecho. También se esperan los resultados de anatomía patológica y absorción atómica, procesos que podrían extenderse entre dos y cuatro semanas.

La causa se desarrolla bajo la mirada de una comunidad conmocionada. La familia de Emir se presentó en el Palacio de Tribunales para pedir celeridad en el proceso. “Queremos justicia por mi hijo”, expresó Roberto, el padre del niño, acompañado de su hermana María Eugenia. La escuela a la que asistía Emir suspendió actividades durante la semana, mientras que la Policía mantiene una presencia constante en el barrio, donde residen más de mil familias.

El fiscal Grassi destacó la actuación inmediata de la Policía Motorizada, que esa madrugada patrullaba el sector tras reportes de disturbios previos entre grupos familiares. “Los efectivos estaban a pocos metros del lugar cuando escucharon las detonaciones. En menos de dos minutos llegaron y aprehendieron a casi todos los involucrados. Solo falta quien sigue prófugo, pero ya hay gestiones para que se entregue”, indicó.

El expediente, que aún se encuentra en etapa de instrucción, contempla la posibilidad de nuevas detenciones y ampliaciones de imputación, en función de los peritajes técnicos y testimonios que surjan en la audiencia.

El caso de Emir inevitablemente reavivó la memoria del crimen de Uma Calvo Carrizo, ocurrido en 2014, cuando una beba de tres meses murió por una bala perdida en el barrio Huarpes de Pocito. En aquel expediente, la Justicia condenó a siete personas a prisión perpetua al determinar que la balacera había sido planificada. Sin embargo, la Fiscalía aclaró que los contextos son distintos. “El caso Uma fue un ataque deliberado; el de Emir, una tragedia producto de una gresca que escaló”, señalaron fuentes judiciales.