Medano de Oro: investigan la venta irregular de 160 lotes, con 48 denuncias presentadas

El proceso judicial por la venta irregular de terrenos fiscales en Médano de Oro, Rawson, avanza con nuevos elementos que exponen la magnitud de la maniobra. En el centro de la causa aparece Estela Juana Capelli, quien este miércoles afrontó la audiencia de formalización representada por sus abogados, sin concurrir de manera presencial. La Fiscalía de Estado intervino como querellante en representación de los damnificados y la causa quedó encuadrada bajo la figura provisoria de estafa.

La investigación reconstruye un circuito complejo de operaciones que habría alcanzado unas 160 parcelas y que hasta el momento motivó 48 denuncias formales. Los terrenos en cuestión pertenecen al Lote N° 90 de la Colonia Fiscal Domingo Faustino Sarmiento, inmueble que forma parte del patrimonio provincial y cuyo uso autorizado estaba restringido a actividades agrícolas.

La alarma se encendió cuando el Ministerio de la Producción, conducido por Gustavo Fernández, detectó construcciones privadas con viviendas, quinchos y piletas en un predio que debía destinarse únicamente a fines agroproductivos. A partir de esa constatación, se presentó una denuncia penal que abrió el camino a la causa actual.

En paralelo, la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas comenzó a rastrear las operaciones vinculadas a un loteo denominado “Vista al Cerro”, levantado sobre calle Ramón Franco, entre Calle 11 y Roger Ballet. Ese emprendimiento constaba de 165 parcelas, de las cuales 42 fueron vendidas a particulares que creyeron adquirir la propiedad legítima de un terreno.

Los nombres que aparecen asociados a las transacciones son varios. Además de Capelli, la denuncia menciona a José Alberto Díaz, Víctor Javier Dávila, Alexiana Díaz y Martín Gastón Díaz. Testigos señalaron que Capelli habría transferido el lote completo a Díaz, quien luego lo fraccionó y comercializó en porciones más pequeñas. En otros casos, los boletos de compraventa con firmas certificadas identifican como vendedores a Víctor Javier Dávila Jofré y Claudio Javier Sosa, lo que amplía el alcance de la presunta red de comercialización ilegal.

El punto crítico está en la legitimidad del título de propiedad. Capelli declaró ser heredera de José Hugo Capelli, a quien presentaba como adjudicatario original del terreno. Sin embargo, la documentación oficial es categórica: esa persona nunca figuró como beneficiario del Lote N° 90 y falleció en 1994. El registro provincial indica que el inmueble permaneció desocupado hasta 1997, cuando fue adjudicado legalmente mediante licitación a una persona de apellido Cerda, quien mantuvo esa condición hasta 2014.

Esto implica que los compradores del loteo “Vista al Cerro” nunca adquirieron un derecho real sobre los terrenos, porque quienes se los vendieron carecían de cualquier respaldo legal para hacerlo. Como resultado, decenas de familias hoy se encuentran en la incertidumbre, habiendo invertido dinero en parcelas que, jurídicamente, continúan siendo propiedad del Estado provincial.

Los organismos oficiales sostienen que los intereses y patrimonios estatales fueron severamente afectados y advierten que la operatoria configuraría un caso de estafa de gran escala. Ahora el Consejo de la Magistratura y la Justicia ordinaria deberán establecer responsabilidades y determinar el futuro de quienes, de buena fe, confiaron en los vendedores.