El Gobierno se desliga de las acusaciones y evalúa denunciar a Spagnuolo tras la filtración de audios

El Gobierno nacional atraviesa horas de fuerte incertidumbre tras la difusión de audios que comprometen al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, amigo personal del presidente Javier Milei. En esas grabaciones, el funcionario menciona a dirigentes de peso del oficialismo como parte de una supuesta trama de recaudación ilegal, lo que encendió las alarmas en la cúpula libertaria.

En Balcarce 50 se multiplican las reuniones para definir cómo enfrentar el caso. La primera medida fue apartar a Spagnuolo de su cargo, con el argumento de que se busca “esclarecer los hechos”. Sin embargo, en el círculo más cercano al Presidente algunos asesores ya deslizan que intentarán desacreditarlo por no haber llevado el tema a la Justicia antes de que se conociera públicamente.

La investigación quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, quienes evalúan los próximos pasos. Una eventual citación a indagatoria de Spagnuolo podría profundizar el daño político, ya que se espera que ratifique lo dicho en la conversación que se filtró. Paralelamente, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia por cohecho, administración fraudulenta y asociación ilícita, entre otros delitos.

En el oficialismo, la estrategia fue el silencio. Ni los principales referentes libertarios en redes sociales salieron a defender al Gobierno. El vocero Manuel Adorni suspendió actividades públicas y el jefe de Gabinete Guillermo Francos fue el único que se refirió al tema, aunque con cautela, al señalar que “si hay un funcionario que acusa a otro de pedir coimas, debería haberlo denunciado en Tribunales”.

La interna del poder libertario también se vio sacudida. En los audios, Spagnuolo apunta directamente contra Martín y Eduardo “Lule” Menem, referentes claves dentro del armado oficialista. Pese a ello, desde los distintos sectores procuran mostrar unidad para evitar que el caso se interprete como una puja interna.

Mientras tanto, la Casa Rosada sigue a la expectativa de cómo avanzará la Justicia. Entre la prudencia y el nerviosismo, la prioridad es contener el impacto político de un escándalo que amenaza con convertirse en la crisis más seria que enfrentó Milei desde su llegada al poder.