Causa seguros: Alberto Fernández amplió su indagatoria y negó haber favorecido a intermediarios

El ex presidente Alberto Fernández se presentó este viernes ante el juez federal Sebastián Casanello para ampliar su declaración indagatoria en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en contrataciones de seguros durante su gestión. En la audiencia, que duró casi dos horas, el ex mandatario respondió preguntas y presentó un escrito en el que negó haber favorecido a intermediarios vinculados al sistema de seguros.

La investigación analiza la posible existencia de un esquema de negocios montado alrededor de la contratación de pólizas a través de Nación Seguros, en el que habrían intervenido intermediarios o brokers cercanos a funcionarios. Uno de los principales nombres mencionados en la causa es el de Héctor Martínez Sosa, titular de una firma aseguradora y pareja de la histórica secretaria de Fernández, María Cantero.

Según un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), entre 2010 y 2019 Fernández emitió facturas a la empresa de Martínez Sosa por un total de $4.257.000, principalmente por servicios de asesoría jurídica y elaboración de informes políticos y económicos. La última factura está fechada el 6 de diciembre de 2019, cuatro días antes de asumir la presidencia.

“Jamás creí que el dictado del Decreto 823/2021 perjudicaría al Estado ni que beneficiaría a intermediarios. Ese decreto prohibió expresamente la intervención de brokers”, sostuvo el ex jefe de Estado en el escrito presentado ante Casanello. También afirmó que “nunca intercedió en negocios” de Martínez Sosa y que desconocía si funcionarios de menor rango cometieron irregularidades.

Durante la audiencia, Fernández solicitó que se convoque como testigos a Vilma Ibarra, Santiago Cafiero, Martín Guzmán, Miguel Pesce y Adriana Guida, entre otros ex funcionarios que habrían intervenido en el análisis y redacción del mencionado decreto.

En paralelo, la Cámara Federal revocó este jueves las inhibiciones de bienes dispuestas en abril contra el ex presidente, el broker Martínez Sosa, su pareja María Cantero, ex funcionarios como Alberto Pagliano (ex titular de Nación Seguros), y un total de 51 personas y empresas investigadas en la causa.

El tribunal consideró que, al no haberse definido aún la situación procesal de los imputados, no estaban dadas las condiciones para mantener esas medidas cautelares. La resolución se adoptó con votos de los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, mientras que Roberto Boico votó en disidencia.

La causa, que investiga el presunto direccionamiento en la contratación de seguros con intervención de intermediarios, cambió de juez en febrero de este año, cuando venció la subrogancia de Julián Ercolini. Desde entonces, Casanello revisa el expediente y ordenó nuevas medidas de prueba, incluyendo informes patrimoniales y fiscales sobre Daniel “El Gordo” Rodríguez, ex encargado de la Quinta de Olivos durante el mandato de Fernández.

También se incorporó un extenso informe de la PROCELAC, de más de 660 páginas, que analiza la actividad comercial y vínculos contractuales de Fernández con empresas de seguros durante el tiempo en que no ejercía cargos públicos.

La definición sobre la situación procesal del ex presidente y el resto de los imputados podría conocerse en las próximas semanas.