Graffigna tras su condena: “Esto es una locura, es una cama armada”

El exapoderado Santiago Graffigna rompió el silencio tras ser condenado a siete años y ocho meses de prisión efectiva por fraude a la administración pública.

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Visiblemente afectado por la condena que le impuso el tribunal, Santiago Graffigna habló con los medios para rechazar los cargos por fraude a la administración pública. El exapoderado recibió una pena de siete años y ocho meses de prisión efectiva, en el marco de una causa que investigó pagos sobredimensionados por terrenos expropiados.

"Todo esto es una locura. ¿Qué asociación ilícita? No tengo relación con nadie, salvo con los peritos", aseguró Graffigna al defenderse de las acusaciones. Apuntó contra todo el proceso judicial al afirmar: "Desde el primer día dije que esto era una cama armada. El Tribunal de Tasaciones me declaró persona no grata, cambiaron el código, los reglamentos internos... Todo dirigido a mí y a otros colegas que hacíamos expropiaciones".

En relación con la estrategia de su defensa, adelantó que apelará el fallo: "La Corte tiene que hacer, lo que tiene que hacer la Corte, entiendo, es de acuerdo a la constitución de la Corte Suprema hacer una presentación completa de la prueba, que no conocemos los fundamentos de la sentencia. Nosotros ofrecimos pruebas, pero nos rechazaron toda la prueba que ofrecimos".

Graffigna también criticó que el tribunal le impidiera sostener su defensa de forma completa. "Ofrecimos pruebas y nos las rechazaron por impertinentes. Yo acompañé 1200 fojas de fallos de la Corte Suprema, de la Corte de Justicia de tribunales de la Nación, de distintos tribunales en donde acredito mi forma de actuación y la forma en que se ha resuelto, se han apartado de fallo plenario de la Corte de Justicia de San Juan", lamentó.

Además, cuestionó el fundamento central de la acusación sobre pagos inflados en expropiaciones: "Están comparando valores del año 86 con valores del 2006, 15 o 20 años después. Eso no se puede hacer. Además, existía una ley desindexatoria, la 24.283, y un decreto reglamentario que establecían cómo debían fijarse los precios. Cumplimos todo", sostuvo.

Por último, negó cualquier enriquecimiento indebido y defendió la legalidad de los pagos realizados: "No hubo ninguna expropiación fraudulenta ni nadie se quedó con nada que no correspondiera. Se pagó lo que la ley decía", cerró.

El caso comenzó a investigarse en 2010 y terminó esta semana con condenas para exfuncionarios, peritos y abogados, mientras que tres imputados fueron absueltos. Ahora resta saber cómo se resolverán las apelaciones en la Corte provincial.

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