Megacausa expropiaciones: duras condenas para los implicados

Este viernes, el juicio por la megacausa de expropiaciones llegó a su fin con una sentencia que marca un hito en la historia judicial de San Juan. El tribunal colegiado, integrado por los jueces María Rosso de Balanza, Martín Heredia Zaldo y Matías Parrón, dictó condenas para la mayoría de los trece imputados, entre ellos abogados, exfuncionarios judiciales y peritos, acusados de haber participado en una asociación ilícita que defraudó al Estado mediante maniobras irregulares en procesos de expropiación.

El principal condenado fue el abogado Santiago Graffigna, considerado jefe de la organización, quien recibió una pena de 7 años y 8 meses de prisión efectiva por fraude, tentativa de estafa y asociación ilícita. Le siguieron otras figuras clave: el exjuez civil Carlos Macchi fue sentenciado a 6 años y 2 meses de prisión por fraude, estafas y participación en la banda, mientras que el exfuncionario Mario Díaz recibió 6 años por delitos similares e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Todos fueron además inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos.

La lista de condenas continúa con Ana María Melvin (4 años de prisión por siete hechos de fraude), Néstor Ruiz (4 años y 6 meses por cinco hechos), José Moreno (3 años), Juan Pablo Quiroga (3 años) y Víctor Hugo Bustos (3 años y 6 meses), todos como partícipes principales de estafas reiteradas y miembros de la organización. También fue condenado Horacio Alday, con una pena de 6 años como coautor de siete hechos de fraude. En tanto, Julio César Fernández, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera fueron absueltos, y el caso de Fernando Videla quedó supeditado a una junta médica para determinar si está en condiciones de enfrentar el juicio.

El expediente se originó en octubre de 2010, cuando el entonces gobernador José Luis Gioja ordenó una investigación interna tras detectar pagos millonarios por terrenos expropiados. La presentación penal fue realizada por la Secretaría General de la Gobernación ante la Fiscalía de Instrucción N°1, y de allí derivó en una investigación que reveló una trama compleja de sobreevaluaciones, informes periciales irregulares y vínculos entre actores judiciales y particulares beneficiados.

El impacto institucional fue inmediato. Carlos Macchi fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento aun antes de enfrentar el juicio penal, en una decisión basada en la gravedad de las sospechas que pesaban sobre él. Lo mismo ocurrió con Norberto Baistrocchi, abogado de Fiscalía de Estado, quien fue cesanteado en una resolución interna. Ambos casos generaron fuerte repercusión pública por tratarse de funcionarios con alta responsabilidad.

El fallo, cuyos fundamentos se conocerán en los próximos días, pone punto final a un proceso judicial que se extendió durante más de una década y que mantuvo en vilo a buena parte del sistema institucional sanjuanino. La megacausa no solo dejó en evidencia el perjuicio económico causado al erario público, sino también las falencias de control que durante años permitieron que una red de actores operara con total impunidad dentro de los márgenes del propio Estado.