Quedará imputada la bioquímica del Hospital Rawson por la falsa amenaza

Rosario Cortéz, profesional en formación del Hospital Guillermo Rawson, fue acusada formalmente por la Fiscalía tras ser señalada como la autora del llamado telefónico que, el pasado 3 de junio, provocó el desalojo total del hospital y la intervención de diversas fuerzas de seguridad. La imputación fue solicitada el pasado 12 de junio, por el fiscal Ignacio Achem, de la Unidad Fiscal de Investigación Genérica, y se espera que en breve se fije la fecha de la audiencia correspondiente.

El hecho ocurrió durante la mañana del lunes 3 de junio, cuando un mensaje breve al sistema de emergencias alertó sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo en el interior del centro de salud. La llamada duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para activar el protocolo de evacuación, obligando a trasladar a pacientes internados, profesionales y personal administrativo fuera del edificio. Paralelamente, la Policía de San Juan, junto a efectivos de Bomberos y grupos especiales, desarrollaron un operativo de inspección en toda la zona.

En cuestión de horas, los investigadores lograron determinar el punto exacto desde donde se originó el llamado. La antena que captó la señal y el cruce de información con registros de titularidad llevaron rápidamente a ubicar el teléfono en cuestión dentro del mismo predio hospitalario. Con esa información, se demoró a Cortéz, quien fue vinculada al dispositivo utilizado para emitir la falsa alarma. Fue liberada ese mismo día, pero la causa continuó su curso.

"Se la imputará, para notificarla de que será investigada por el hecho", indicó Achem, en rueda de prensa. Además, consignó que la bioquímica ya se presentó con su abogada y brindó sus datos y domicilio, para continuar con el procedimiento. 

Este miércoles, además, lo nuevo fue la apertura de sobres que contienen las pruebas secuestradas el día del hecho, el cual se certificó con presencia de las partes, para evitar nulidades en el proceso judicial. 

"Ella accedió a poner claves de su teléfono", indicó. Además, añadió que "hay una presunción certera" de que la mujer hizo el llamado con la amenaza de bomba. Según indicó el funcionario del Ministerio Público Fiscal otras pruebas son las cámaras de seguridad del hospital y de sus inmediaciones.

"Hay cámaras, testimonios que dan cuenta de una cuestión temporal, respecto de una charla, ateneo que existía en ese momento. Hay una cuestión temporal que me voy a permitir resguardar, para establecer con exactitud, el momento del llamado y la presencia física de la persona", mencionó el fiscal con cautela. 

Cabe destacar que, en caso de que se confirme su responsabilidad penal, la profesional podría enfrentar una condena de entre dos y seis años de prisión.