La intendenta de Caucete debe explicar gastos de más de $66 millones en eventos

El Tribunal de Cuentas de San Juan emitió un requerimiento formal para que el municipio justifique el uso de más de 66 millones de pesos en diversos gastos.

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Romina Rosas
Romina Rosas

La gestión de la intendenta Romina Rosas quedó en el centro de la escena luego de que el Tribunal de Cuentas de San Juan emitiera un requerimiento formal para que el Municipio de Caucete justifique el uso de más de 66 millones de pesos en diversos gastos. El pedido incluye documentación, contratos y respaldos legales que, hasta el momento, no han sido presentados.

Según el documento, al que accedió este medio, se detectaron múltiples irregularidades en el manejo de fondos públicos. Entre los puntos más relevantes se encuentran pagos millonarios sin respaldo contractual, subsidios entregados sin criterios claros y omisiones en la rendición de cuentas vinculadas a eventos oficiales y ayudas económicas.

Uno de los apartados más sensibles hace referencia a $54 millones utilizados parcialmente para fiestas departamentales, sin constancia formal de que los artistas hayan cobrado. A esto se suman $10.420.000 en sonido e iluminación contratados sin licitación, y $2.300.000 en pagos a artistas locales sin recibos ni contratos firmados por la jefa comunal.

También se detectaron errores en la liquidación de sueldos del personal municipal, lo que podría generar deudas laborales. Además, se menciona un aporte económico de $500.000 a una institución religiosa, sin que exista rendición de cuentas, y subsidios a organizaciones sin fines de lucro sin normas regulatorias ni controles sobre el uso de vehículos oficiales.

El informe advierte también sobre falta de transparencia en la publicación de actos administrativos, deficiencias en el control de obras públicas y fallas en la planificación del presupuesto municipal.

La intendenta Rosas ya fue notificada y cuenta con un plazo de 15 días hábiles para responder al requerimiento. Si no se presenta la documentación correspondiente, el caso podría escalar a instancias administrativas o judiciales.

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