
Con solo 13 años, enfrentó durante años una compleja enfermedad. Su historia motivó una red solidaria que ahora lo recuerda con profundo dolor.
El interventor de la empresa, Daniel Castro, advirtió que el municipio no paga desde septiembre de 2024. Concejales de la oposición exigieron explicaciones formales y no se descarta una demanda judicial.
La Municipalidad de Caucete enfrenta una situación financiera comprometida tras confirmarse que adeuda más de 630 millones de pesos a la Distribuidora Eléctrica de Caucete (DECSA), correspondiente al servicio de alumbrado público. Así lo confirmó el ingeniero Daniel Castro, actual interventor de la empresa, en una entrevista con DIARIO MÓVIL.
Según explicó Castro, la deuda comenzó a acumularse hace varios años, pero se agravó notoriamente desde septiembre de 2024, cuando el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) resolvió formalmente que la Municipalidad debía a DECSA una suma inicial de 465 millones de pesos. En ese momento, el municipio prometió un plan de pago en 18 cuotas, pero nunca concretó ninguna.
“Estamos en abril de 2025 y no se ha pagado ni un solo peso desde entonces”, detalló el ingeniero. Indicó que, sin intereses, la deuda ya asciende a 632 millones de pesos. “Si la Municipalidad viene y paga ahora, el monto sería ese. Pero si se estableciera un plan de cuotas, se le sumarían los intereses correspondientes”, explicó.
Castro también manifestó su preocupación por el impacto que esta deuda tiene sobre el funcionamiento de la empresa. “Nosotros tenemos que pagar todos los meses la factura de energía a CAMMESA y a Naturgy, que nos provee de energía. Además, hay que afrontar sueldos, mantenimiento y otros gastos. Estamos haciendo un esfuerzo grandísimo”, dijo. Reconoció que el Gobierno provincial ha colaborado para ayudar a sostener el servicio, pero advirtió: “Necesitamos concretar esta situación urgente porque si no, no podremos seguir desarrollándonos como una empresa normal”.
Actualmente hay 113 medidores del municipio distribuidos en todo Caucete. Aunque cortar el suministro es una medida extrema que afectaría directamente a los vecinos —quienes sí pagan su contribución al alumbrado público—, desde la empresa no descartan iniciar acciones legales si la situación no se regulariza. “Cortar el servicio es el último paso, por una cuestión de seguridad pública. Pero también existe la vía judicial y ya estamos evaluando avanzar con nuestros asesores”, confirmó Castro.
Consultado sobre por qué no pueden cubrir el costo con lo recaudado en las boletas, Castro explicó que “el dinero que ingresa por el ítem de alumbrado público no alcanza para cubrir el consumo mensual”. Añadió que “esa diferencia debe ser compensada por la Municipalidad, pero eso no está ocurriendo”.
Desde el Concejo Deliberante local, los ediles del bloque Cambia San Juan, ingresaron un pedido formal de informes para conocer los detalles del estado de deuda. La iniciativa se apoya en la Carta Orgánica Municipal, que otorga al cuerpo deliberativo la facultad de exigir transparencia y control sobre el manejo administrativo y contable del municipio.
“El endeudamiento no es del intendente de turno, es de todos los cauceteros”, advirtieron los concejales en la presentación, donde reclaman explicaciones sobre cómo se cubren los costos de electricidad del municipio y qué destino se le da a los fondos recaudados por el ítem de alumbrado público en las boletas de los vecinos.
La discusión se dará en el recinto durante las próximas sesiones ordinarias y podría escalar si el Ejecutivo local no responde en los plazos establecidos por ley. En paralelo, la situación sigue generando preocupación en la comunidad y en las autoridades de DECSA, que insisten en la necesidad urgente de resolver el conflicto para evitar medidas más drásticas.
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