Belliboni a juicio por extorsionar a beneficiarios de planes sociales

El juez federal Sebastián Casanello elevó a juicio oral la causa contra Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, quien está acusado de haber cometido extorsión contra beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y de haber administrado de forma fraudulenta fondos públicos. La investigación, que también alcanza a otras 17 personas, da cuenta de un entramado de facturación falsa y amenazas a personas en situación de vulnerabilidad.

Según fuentes judiciales, Belliboni enfrentará cargos por extorsión, amenazas coactivas y administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El expediente, que ahora pasará a un Tribunal Oral de Comodoro Py, fue instruido por el fiscal Gerardo Pollicita, quien lo señaló como el líder de una organización que, durante años, “se aprovechó de sectores vulnerables para ejercer poder y obtener beneficios económicos indebidos”.

Junto con Belliboni, también deberán sentarse en el banquillo María Dotti, Mariano Centanni, Erica Lubenfeld, Iván Ortiz, Ezequiel Coego, Gianna Puppo, y otros diez acusados más. En paralelo, Casanello citó a indagatoria a un grupo de personas involucradas en la creación de sociedades que habrían facilitado la emisión de facturas apócrifas.

La causa, iniciada en diciembre de 2023 a partir de denuncias anónimas recibidas por una línea habilitada por el Ministerio de Seguridad, detectó que el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor habían recibido más de 360 millones de pesos del Estado para desarrollar proyectos productivos. Pero según la justicia, una porción importante de esos fondos fue desviada.

Casanello sostuvo que se usaron facturas truchas, empresas ficticias y cheques triangulados para simular gastos. También se constató que parte de los fondos directamente no fue rendida ante el ex Ministerio de Desarrollo Social. Belliboni, en tanto, fue señalado como firmante de esos documentos falsos y como responsable de haber desviado cheques hacia firmas no declaradas.

Otro de los ejes de la acusación es la presión ejercida sobre los beneficiarios de planes sociales: se les habría exigido asistir a movilizaciones bajo la amenaza de perder el plan. En los allanamientos se hallaron cuadernos con frases como “no come” y listas de personas que no iban a marchas.

Durante la etapa de instrucción, la defensa de Belliboni intentó frenar la elevación a juicio, argumentando que se trataba de una causa con fines políticos, iniciada en el marco de la campaña del gobierno de Javier Milei contra las organizaciones piqueteras. También cuestionaron la participación del Ministerio de Capital Humano como querellante y la validez de algunas pruebas.

Sin embargo, Casanello rechazó todos los planteos y consideró que había pruebas suficientes para avanzar. “La investigación permitió reunir evidencia documental, testimonial e informática que sostiene, al menos en esta etapa, la hipótesis delictiva”, escribió en su resolución.

La causa también salpica a ex funcionarios del gobierno anterior. Pollicita pidió que se investigue al exsecretario de Economía Social, Emilio Pérsico, por presunta complicidad, al no haber controlado el uso de los fondos entregados al Polo Obrero. Para el fiscal, las irregularidades no habrían sido posibles sin la omisión deliberada de los controles por parte de funcionarios públicos.

Belliboni, que fue indagado el año pasado, negó los cargos, presentó documentación en su defensa y apuntó contra el gobierno actual: “Todo esto es parte de una campaña de estigmatización impulsada por Milei”, sostuvo en su declaración.