La nueva legislación introduce medidas clave para reforzar la lucha contra el crimen organizado.
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El Gobierno promulgó este lunes la Ley Antimafias, sancionada por el Congreso en sesiones extraordinarias.
La norma endurece las penas para los miembros de organizaciones delictivas y busca desarticular bandas dedicadas al narcotráfico, el lavado de dinero, la extorsión y la trata de personas, entre otros delitos.
La promulgación se hizo oficial mediante el Decreto 177/2025, que establece la entrada en vigencia de la Ley 27.786.
En su artículo 1°, la normativa define como organización criminal a grupos de tres o más personas que operen de manera concertada para cometer delitos graves de forma continua, en áreas geográficas determinadas y con modalidades operativas específicas.
A partir de su entrada en vigencia, la nueva legislación introduce medidas clave para reforzar la lucha contra el crimen organizado:
Las autoridades judiciales podrán declarar zonas sujetas a investigación especial, facilitando la intervención de fuerzas de seguridad federales y provinciales. Además, se habilita la intercepción de comunicaciones y la incautación de bienes vinculados a actividades ilegales.
Se modifican artículos del Código Penal para agravar las penas a quienes participen, cooperen o faciliten la formación de una organización criminal. Las condenas pueden oscilar entre 8 y 20 años de prisión para delitos de gran magnitud, como el narcotráfico y la trata de personas.
Se habilita el decomiso anticipado de bienes vinculados a actividades criminales, incluso antes de una condena, si el Ministerio Público Fiscal lo solicita. En caso de absolución, los bienes serán restituidos.
En casos de delincuencia transnacional, la detención podrá extenderse hasta 15 días, con la posibilidad de prórroga mediante autorización judicial.
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