Polémica en una universidad de Mendoza por la construcción de un muro para seguridad

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) enfrenta una creciente polémica debido a la construcción de un muro perimetral en su campus, una obra que ha sido valorada en 679 millones de pesos. Según informó el Diario Uno, la medida, que busca reforzar la seguridad en una zona afectada por hechos delictivos, ha generado críticas desde diversos sectores, que cuestionan tanto su impacto urbanístico como las irregularidades administrativas en su ejecución. Además, se han levantado voces que acusan a la universidad de promover la segregación social con esta decisión.

De acuerdo con declaraciones de Estefanía Villarruel, secretaria general de la universidad, la construcción del muro responde a recomendaciones de una comisión de expertos en seguridad, quienes identificaron un aumento de incidentes violentos en el área. “En ese perímetro tuvimos los mayores casos de acciones violentas en asaltos, incluso con amenazas de arma blanca y de fuego”, explicó Villarruel. La obra, que se encuentra en su etapa final, abarca aproximadamente una cuarta parte del campus, incluyendo las facultades de Derecho y Educación, el comedor universitario, la residencia estudiantil y los talleres de la Facultad de Artes.

Villarruel también destacó que el muro es solo una parte de un plan integral para abordar la inseguridad en el campus. “No es que pensamos que con esto se termina todo y que no vamos a tener más hechos delictivos. La realidad social atraviesa la universidad porque no está en una esfera, no está aislada de lo que pasa”, afirmó. Sin embargo, la construcción ha sido objeto de múltiples cuestionamientos, tanto por su ejecución como por las implicaciones sociales y ambientales que conlleva.

A pesar de los argumentos de las autoridades universitarias, la Municipalidad de Mendoza ordenó la paralización de la obra a finales de enero, alegando la falta de autorización formal para su construcción. Según consignó el Diario Uno, el municipio detectó que no existía un expediente presentado ante sus oficinas, además de señalar que algunos materiales y estructuras carecían de apuntalamiento adecuado y que el cierre perimetral invadía los límites establecidos.

El intendente de Mendoza, Ulpiano Suarez, fue enfático al criticar la situación, afirmando que “la universidad no tiene ningún privilegio”. En este contexto, la UNCuyo se vio obligada a reunirse con representantes de la comuna para avanzar en la regularización de la obra. Hasta que no se alcance un acuerdo técnico entre ambas partes, la construcción permanecerá detenida.

Por su parte, Federico Morandini, coordinador general y técnico de la universidad, defendió la medida, asegurando que existe un alto grado de aceptación entre la comunidad universitaria. Según explicó al Diario Uno, en el pasado se intentaron otras soluciones, como la instalación de una malla metálica, pero estas no lograron reducir los incidentes de inseguridad en el campus.

El proyecto también ha generado tensiones dentro de la propia universidad. El Consejo Superior de la UNCuyo expresó su descontento en una carta dirigida a la rectora, Esther Sánchez, en la que cuestionó la falta de participación del organismo en el proceso de planificación y ejecución de la obra. “Teniendo en cuenta el volumen presupuestario involucrado y el impacto urbanístico y social de su construcción, creemos que el Consejo Superior debió tener plena participación e involucramiento en todo el proceso”, señala el comunicado.

El Consejo exigió un informe administrativo y técnico detallado sobre la obra, así como información completa sobre el proceso de licitación. Además, solicitó la convocatoria a una reunión extraordinaria para discutir el tema. La obra, cuyo costo asciende a 679 millones de pesos, ha sido adjudicada a la empresa PREAR Pretensados Argentina S.A., y su anuncio inicial se realizó en octubre del año pasado.

El proyecto también ha recibido críticas desde el ámbito profesional. Un grupo de arquitectos vinculados al CONICET envió una carta a la rectora Sánchez para manifestar su rechazo a la construcción del muro. Entre los 25 firmantes se encuentran figuras destacadas como Raúl Francisco Romero Day, Eliana Bórmida y Graciela Moretti, quienes argumentaron que la obra contradice los principios urbanísticos y arquitectónicos que guiaron la creación del campus universitario.

En la misiva, los arquitectos señalaron que el diseño original del campus buscaba integrar el paisaje natural, preservando vistas hacia la montaña y la ciudad, así como las características topográficas del terreno. Según los firmantes, la construcción del muro no solo altera esta visión, sino que también podría tener consecuencias ambientales negativas. Advirtieron que los paneles de hormigón premoldeado utilizados en la obra podrían intensificar el fenómeno de la “isla de calor urbana”, acumulando energía térmica que, en verano, podría elevar las temperaturas a más de 80°C (176°F).

“La elevación de un muro perimetral ciego, de paneles de hormigón premoldeado, sujetos por una doble viga de hormigón armado, colisiona fuertemente con el planteamiento urbano-arquitectónico del centro universitario”, afirmaron en la carta. Este argumento refuerza las críticas de quienes consideran que la obra no solo afecta la estética del campus, sino que también podría tener un impacto negativo en el entorno y la calidad de vida de quienes lo habitan.