
Fue uno de los cinco apostadores que acertó el número de cartón en el sorteo N° 2383.
El Gobierno nacional planea examinar a más de 40.000 empleados públicos, incluidos unos 1.100 en la provincia. La mayoría son contratados y enfrentarán pruebas para renovar sus contratos, generando dudas entre los sindicatos.
En el marco de una estrategia de "racionalización del Estado" promovida por el Gobierno de Javier Milei, se llevará a cabo un examen de idoneidad para más de 40.000 empleados públicos en todo el país, incluyendo a unos 1.100 que laboran en San Juan. Según Jorge Oruste, secretario general de UPCN Regional, aproximadamente el 80 % de estos trabajadores son contratados, lo que plantea interrogantes sobre su futuro laboral a medida que se acerca la fecha de evaluación.
El anuncio de esta medida fue realizado por Manuel Adorni, vocero del Gobierno Nacional, quien precisó que el examen se llevará a cabo en diciembre, coincidiendo con el vencimiento de los contratos de planta transitoria. Los empleados que deseen renovar sus vínculos laborales deberán aprobar la prueba, como se estipula en la Ley de Bases sobre cuestiones laborales.
La prueba se realizará de manera online, una decisión tomada con el fin de minimizar la subjetividad en el proceso de evaluación. Sin embargo, se ha indicado que las personas con discapacidad no participarán en esta primera fase, debido a las adaptaciones requeridas por la normativa laboral vigente.
Frente a este escenario, Oruste expresó su sorpresa ante la medida, considerando que la evaluación de empleados públicos ya es un procedimiento habitual. "No sabemos a qué reparticiones se estará refiriendo, ya que en el 80 % de las reparticiones nacionales hay un sistema de concurso y se realizan exámenes de evaluación cada año. Es algo que hacemos de manera continua", destacó durante una entrevista en Radio Estación Claridad.
El sindicalista también subrayó que, para ascender de nivel o categoría en el empleo público, los trabajadores deben cumplir con ciertos requisitos y ser evaluados, lo que resta relevancia a la nueva medida. "Esto no nos preocupa tanto, ya que estamos acostumbrados a estas evaluaciones. Sin embargo, queremos conocer cómo se implementarán estas pruebas para poder ofrecer una opinión informada", indicó Oruste.
A nivel nacional, la reacción del sector sindical ha sido contundente. Rodolfo Aguiar, líder de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), adelantó que no aceptarán los exámenes, calificando la medida de "ilegal". Por su parte, Oruste se mostró más cauteloso, enfatizando la necesidad de esperar detalles sobre la implementación del examen antes de tomar una postura definitiva.
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