La Inspección General de Personas Jurídicas denegó la autorización para que el Colegio Farmacéutico realice la asamblea eleccionaria prevista para el 20 de agosto. Además, aplicó una sanción disciplinaria a las autoridades por irregularidades en el proceso.
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La Inspección General de Personas Jurídicas de San Juan resolvió denegar la autorización para que el Colegio Farmacéutico de la provincia lleve a cabo la asamblea general ordinaria en la que se elegirían nuevas autoridades. La reunión estaba programada para el próximo martes 20 de agosto, pero la resolución del organismo, que se conoció a última hora del lunes, pone un freno al proceso electoral.
La decisión de la Inspección General no solo implica la suspensión de la asamblea, sino que además impone un apercibimiento a la actual conducción de la institución. Según se desprende de la resolución, la sanción se fundamenta en la falta de observancia del estatuto del Colegio, señalando que la dirigencia solo buscó cumplir con las normas antes de la elección, pero no durante el resto de su gestión.
El origen del conflicto tiene como protagonista a Gustavo Costamagna, propietario de la Farmacia Cuyo y uno de los socios más influyentes de la entidad. Costamagna, junto con otros 19 socios, había sido excluido del padrón de votantes, una situación que él mismo denunció ante las autoridades competentes. Lo particular de este grupo de socios es que todos ellos forman parte de una lista opositora a la que lidera Mauricio Barceló, quien, a pesar de haber completado dos mandatos como presidente, aparece nuevamente en la lista oficialista para otro cargo.
En su dictamen, la Inspección General intima a las autoridades del Colegio Farmacéutico a convocar nuevamente a una asamblea, esta vez garantizando la correcta presentación de la documentación y respetando los términos estatutarios. Además, les advierte que en futuras asambleas deben garantizar el derecho de todos los socios habilitados a participar en el acto eleccionario.
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