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Rafecas decide si le devuelven a Máximo los papeles de Hotesur
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La Cámara Federal eludió ayer decidir si se debe devolver a Máximo Kirchner toda la documentación secuestrada en sus oficinas en la causa en que se investiga a las empresas hoteleras presidenciales por supuesto lavado de dinero. En cambio, dejó esa decisión en manos del juez federal Daniel Rafecas.
Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal Eduardo Freiler y Jorge Ballestero habían anulado el 16 de julio una parte de la causa Hotesur y habían apartado del expediente al juez federal Claudio Bonadio. Los camaristas dijeron entonces que anulaban una decisión de Bonadio por la cual el juez les había pedido a expertos de la Corte asesoramiento para ordenar un peritaje contable sobre Hotesur. Argumentaron que no les habían permitido a los abogados de Hotesur poner sus propios expertos.
Bonadio había avanzado con el caso y había mandado buscar los papeles contables de Hotesur a la inmobiliaria de Osvaldo Sanfelice en Río Gallegos. Sanfelice es directivo de Hotesur y socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria, donde el hijo de la Presidenta tiene oficinas.
Pero el fiscal de Cámara Germán Moldes pidió a la Sala I de la Cámara Federal que aclarara hasta dónde se extendía la nulidad: si sólo al decreto por el cual Bonadio buscó el consejo de estos peritos oficiales o si se extendía al procedimiento posterior en la inmobiliaria. Allí se secuestraron material de computadoras, libros contables y documentación, que viajaron a Buenos Aires en decenas de cajas. Pero Freiler y Ballestero eludieron responderle a Moldes, al afirmar que es un tema que debe resolver Rafecas, el juez que se quedó con la causa tras el apartamiento de Bonadio. Recordaron, no obstante, que el artículo 172 del Código Procesal señala que "la nulidad de un acto hará nulos todos los actos consecutivos que de él dependan".
Con esto parecieran decir que todas las consecuencias del decreto de Bonadio deben anularse. No se sabe si el procedimiento en la inmobiliaria lo fue. Lo deberá decidir Rafecas. Él "deberá evaluar los actos procesales posteriores al decreto cuya nulidad hemos declarado y los que de él dependen, por lo que no tenemos más que aclarar", escribieron Freiler y Ballestero, y le pasaron la pelota a Rafecas.
También decidieron que antes de resolver las pretensiones de Margarita Stolbizer, de recusar a Freiler y oponerse a que la causa se investigue en el Sur, primero Rafecas debe decidir si la diputada, que es sólo denunciante en la causa, también puede ser considerada querellante -víctima- en el expediente y por lo tanto parte como para hacer peticiones.
El fondo del asunto que debe investigar Rafecas es si hay una maniobra de lavado de dinero, pues Hotesur facturó a Lázaro Báez 10 millones de pesos en dos años por el alquiler de habitaciones de hotel que supuestamente usaron empleados de su firma Austral Construcciones. Se trata de averiguar si ese servicio de hotelería se prestó o si es simulado para justificar el movimiento de dinero.
A partir de hoy empieza a correr el plazo de 10 días hábiles para que Moldes recurra la decisión de la Cámara de apartar a Bonadio y declarar nulo su decreto. Si apela, el caso deberá ser resuelto por los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, y el fiscal del caso es Javier De Luca.
Pero la integración de la Sala I de Casación se ha vuelto volátil. Hasta anteayer la integraba el abogado allegado al Gobierno Claudio Marcelo Vázquez. Pero la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal lo sacó del cargo provisoriamente mientras analiza si es inconstitucional la ley que permitió su nombramiento. Sus compañeros de sala son otros dos abogados filokirchneristas: Roberto Boico y Norberto Frontini. Pero ayer quedó radicada en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 5 una acción de la Asociación de Magistrados que pide que sean apartados porque fueron designados por la misma ley que su colega ya eyectado del tribunal. El futuro de ambos es tan incierto como el de Vázquez.
Fuente: La Nación.-
Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal Eduardo Freiler y Jorge Ballestero habían anulado el 16 de julio una parte de la causa Hotesur y habían apartado del expediente al juez federal Claudio Bonadio. Los camaristas dijeron entonces que anulaban una decisión de Bonadio por la cual el juez les había pedido a expertos de la Corte asesoramiento para ordenar un peritaje contable sobre Hotesur. Argumentaron que no les habían permitido a los abogados de Hotesur poner sus propios expertos.
Bonadio había avanzado con el caso y había mandado buscar los papeles contables de Hotesur a la inmobiliaria de Osvaldo Sanfelice en Río Gallegos. Sanfelice es directivo de Hotesur y socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria, donde el hijo de la Presidenta tiene oficinas.
Pero el fiscal de Cámara Germán Moldes pidió a la Sala I de la Cámara Federal que aclarara hasta dónde se extendía la nulidad: si sólo al decreto por el cual Bonadio buscó el consejo de estos peritos oficiales o si se extendía al procedimiento posterior en la inmobiliaria. Allí se secuestraron material de computadoras, libros contables y documentación, que viajaron a Buenos Aires en decenas de cajas. Pero Freiler y Ballestero eludieron responderle a Moldes, al afirmar que es un tema que debe resolver Rafecas, el juez que se quedó con la causa tras el apartamiento de Bonadio. Recordaron, no obstante, que el artículo 172 del Código Procesal señala que "la nulidad de un acto hará nulos todos los actos consecutivos que de él dependan".
"De modo que lo que el acusador público [Moldes] pretende que se aclare no es sino una previsión legal", indicaron Freiler y Ballestero.
Con esto parecieran decir que todas las consecuencias del decreto de Bonadio deben anularse. No se sabe si el procedimiento en la inmobiliaria lo fue. Lo deberá decidir Rafecas. Él "deberá evaluar los actos procesales posteriores al decreto cuya nulidad hemos declarado y los que de él dependen, por lo que no tenemos más que aclarar", escribieron Freiler y Ballestero, y le pasaron la pelota a Rafecas.
También decidieron que antes de resolver las pretensiones de Margarita Stolbizer, de recusar a Freiler y oponerse a que la causa se investigue en el Sur, primero Rafecas debe decidir si la diputada, que es sólo denunciante en la causa, también puede ser considerada querellante -víctima- en el expediente y por lo tanto parte como para hacer peticiones.
El fondo del asunto que debe investigar Rafecas es si hay una maniobra de lavado de dinero, pues Hotesur facturó a Lázaro Báez 10 millones de pesos en dos años por el alquiler de habitaciones de hotel que supuestamente usaron empleados de su firma Austral Construcciones. Se trata de averiguar si ese servicio de hotelería se prestó o si es simulado para justificar el movimiento de dinero.
A partir de hoy empieza a correr el plazo de 10 días hábiles para que Moldes recurra la decisión de la Cámara de apartar a Bonadio y declarar nulo su decreto. Si apela, el caso deberá ser resuelto por los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, y el fiscal del caso es Javier De Luca.
Pero la integración de la Sala I de Casación se ha vuelto volátil. Hasta anteayer la integraba el abogado allegado al Gobierno Claudio Marcelo Vázquez. Pero la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal lo sacó del cargo provisoriamente mientras analiza si es inconstitucional la ley que permitió su nombramiento. Sus compañeros de sala son otros dos abogados filokirchneristas: Roberto Boico y Norberto Frontini. Pero ayer quedó radicada en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 5 una acción de la Asociación de Magistrados que pide que sean apartados porque fueron designados por la misma ley que su colega ya eyectado del tribunal. El futuro de ambos es tan incierto como el de Vázquez.
Fuente: La Nación.-
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