La justicia falló en contra de las escuchas ilegales en Estados Unidos

Una corte de apelaciones sentenció que el programa de espionaje revelado por Edward Snowden excede lo autorizado por el Congreso en la llamada Ley Patriota.

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Los millones de "metadatos" obtenidos de llamadas telefónicas incluyen los números llamados, horarios y otra información, pero no el contenido de las conversaciones.

Un tribunal federal de Estados Unidos declaró hoy "ilegal" la recolección masiva de datos telefónicos de millones de ciudadanos llevada a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por su sigla en inglés), porque excede lo autorizado por el Congreso en la llamada Ley Patriota, aprobada tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Las leyes sobre las cuales se apoya la NSA para efectuar esa operación "nunca han sido interpretadas para autorizar nada que se aproxime a la amplitud de la vigilancia que se ha puesto en cuestión aquí", señaló el fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York, en un documento de 97 páginas.

El fallo se produjo tras una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) contra la NSA y el FBI, a raíz de las revelaciones sobre los programas de vigilancia masivos en documentos filtrados por el ex contratista de la NSA Edward Snowden, hoy exiliado en Rusia.

Los millones de "metadatos" obtenidos de llamadas telefónicas incluyen los números llamados, horarios y otra información, pero no el contenido de las conversaciones.

Sin embargo, los defensores de las libertades civiles argumentan que el programa es una intrusión masiva a la privacidad y que constituye una ayuda mínima en el esfuerzo antiterrorista.

Los magistrados no entraron a valorar la constitucionalidad y en el fallo, escrito por el juez Gerard E. Lynch, dictaminaron simplemente que la recopilación de millones de datos telefónicos "excede el ámbito de lo que el Congreso autorizó" al aprobar el famoso "artículo 215" de la ley antiterrorista Patriot Act, votada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

"No hay evidencia de que el Congreso tenga la intención de autorizar una colecta masiva de los registros de los estadounidenses o de sus boletines escolares para agregarlos a una base de datos", apuntó el tribunal.

"La interpretación que el gobierno nos pide adoptar desafía todo principio de limitación. Si el gobierno estuviera en lo correcto, podría utilizar el [artículo] 215 para recolectar y almacenar masivamente todos los metadatos del sector privado, incluidos los datos asociados a los registros financieros, médicos y de comunicación electrónica [incluido los correos electrónicos] y la información de las redes sociales" de todos los estadounidenses, agregó.

No obstante, el tribunal se negó a emitir una orden judicial para detener el programa, argumentando que no tendría sentido porque la Sección 215 de la Ley Patriota expira a finales de junio próximo y los congresistas deben evaluar si la prolongan, amplían o la suspenden.

"Teniendo en cuenta los problemas de seguridad nacional involucrados, creemos que es prudente hacer una pausa para permitir al Congreso debatir lo que podría alterar profundamente el panorama jurídico", concluyó el tribunal.

VIGILANCIA

Las revelaciones de Snowden sacaron a la luz que Estados Unidos espió las comunicaciones personales de algunos líderes considerados "amigos" de Washington, entre ellos la canciller alemana, Angela Merkel .

En enero de 2014, Barack Obama ordenó poner fin al espionaje a mandatarios de países aliados, pero aclaró, no obstante, que los servicios de inteligencia seguirán recopilando información sobre los Gobiernos extranjeros para conocer sus intenciones.

Poco después, Obama presentó formalmente un plan para que los datos telefónicos de millones de ciudadanos recopilados por la NSA dejen de estar en manos del gobierno y permanezcan bajo el control de las compañías telefónicas por un periodo máximo de 18 meses.

Bajo el plan de Obama, la NSA únicamente podría acceder a esos datos en circunstancias específicas, siempre tras haber obtenido autorización del tribunal secreto creado por la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) y cuando haya una sospecha razonable de que el número telefónico está conectado a un terrorista.

Fuente: La Nación