Lo confirmaron desde el Hospital Guillermo Rawson.
Comité integrador tomará responsabilidad por el derrame en Veladero
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A pedido del Juez jachallero Pablo Oritja, se conformó un comité con el fin de dar respuesta a las necesidades y dudas del pueblo jachallero ante la situación del derrame. El grupo está conformado por representantes de diferentes sectores y en 30 días, deberá trabajar un plan técnico en pos de valorar el agua del Río Jáchal. La intención de brindar honorarios a los miembros del comité levantó recelo en la sociedad jachallera y Marcelo Giglioni, Secretario de Gestión Ambiental y Control Minero de la Provincia, respondió con detalles.
Luego del desalojo que el Juez ordenó de los manifestantes que se convocaron en la entrada de la mina Veladero reclamando por las consecuencias del derrame, se solicitó el armado de un comité integrado por policía minera, dos representantes jachalleros, dos de Iglesia, una representante de la Universidad Nacional de San Juan y abogados de ambos departamentos.
“Fue una reunión amena, se discutieron distintos ítems. Yo di una explicación de las características generales del incidente y se analizó un plan de trabajo que se ejecutaría a partir del 3 de noviembre. Este comité funcionará por 30 días. También se discutió cuál sería el laboratorio que tome las muestras y se acordó que sería el Instituto Nacional del Agua, y también podría la UNSJ”, indicó Giglioni, quien forma parte del comité.
En esta primera reunión, los representantes acordaron un plan de muestreo que consiste en una muestra por semana en las cuencas alta y baja del Río Jáchal. A su vez, por cada muestra se tomarán 30 muestras. “La gente de la comunidad se encargaría de recabar el presupuesto correspondiente por parte del INA. Se tocó quién pagaría los costos de esta tarea de monitoreo. Se dejó muy en claro que para los que somos funcionarios no corresponde”, expresó refiriéndose a los honorarios por la tarea, que despertaron contradicciones en los ciudadanos.
Además, dijo que el Juez tiene las facultades para determinar cómo se solucionará el tema “honorarios”.
Según Giglioni, el comité “asumió la responsabilidad de aclarar cualquier tipo de dudas a la comunidad, ejecutar un plan de trabajo y llegar a conclusiones que se harán públicas”.
“Tenemos 30 días. Nos llama la atención el desánimo, me niego a creer que cuando se habló de liquidación de honorarios, se haya producido algún tipo de diferencia en los asambleístas”, concluyó.
Luego del desalojo que el Juez ordenó de los manifestantes que se convocaron en la entrada de la mina Veladero reclamando por las consecuencias del derrame, se solicitó el armado de un comité integrado por policía minera, dos representantes jachalleros, dos de Iglesia, una representante de la Universidad Nacional de San Juan y abogados de ambos departamentos.
“Fue una reunión amena, se discutieron distintos ítems. Yo di una explicación de las características generales del incidente y se analizó un plan de trabajo que se ejecutaría a partir del 3 de noviembre. Este comité funcionará por 30 días. También se discutió cuál sería el laboratorio que tome las muestras y se acordó que sería el Instituto Nacional del Agua, y también podría la UNSJ”, indicó Giglioni, quien forma parte del comité.
En esta primera reunión, los representantes acordaron un plan de muestreo que consiste en una muestra por semana en las cuencas alta y baja del Río Jáchal. A su vez, por cada muestra se tomarán 30 muestras. “La gente de la comunidad se encargaría de recabar el presupuesto correspondiente por parte del INA. Se tocó quién pagaría los costos de esta tarea de monitoreo. Se dejó muy en claro que para los que somos funcionarios no corresponde”, expresó refiriéndose a los honorarios por la tarea, que despertaron contradicciones en los ciudadanos.
Además, dijo que el Juez tiene las facultades para determinar cómo se solucionará el tema “honorarios”.
Según Giglioni, el comité “asumió la responsabilidad de aclarar cualquier tipo de dudas a la comunidad, ejecutar un plan de trabajo y llegar a conclusiones que se harán públicas”.
“Tenemos 30 días. Nos llama la atención el desánimo, me niego a creer que cuando se habló de liquidación de honorarios, se haya producido algún tipo de diferencia en los asambleístas”, concluyó.
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