La peor contaminación

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Gioja - Saavedra
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Mientras el Ministerio de Minería enfrenta acusaciones por los residuos en Pachón, Gioja sigue apelando a las frases de Indira Gandhi para defender su gestión ambiental. El falso dilema “pobreza o contaminación”, la inacción de la Policía Minera y el arte de la distracción.








Por Graciela Marcet 

“Cuando no puedas defender tus acciones con pruebas, deberás distraer la atención a través del pánico, la culpa o la simplificación” reza el manual de la manipulación política, que tan bien es aplicado en San Juan. Y si en la argumentación se apela a reproducir el pensamiento de alguna figura considerada “intocable” en la historia universal, la defensa es casi perfecta.

Quien aplicó hace poco la conocida estrategia de la distracción fue el gobernador José Luis Gioja,  quien volvió a utilizar uno de sus caballitos de batalla en la defensa de su cuestionada gestión ambiental. Fue precisamente en el Día del Ambiente cuando el mandatario sostuvo, por enésima vez, que “la peor contaminación es la pobreza”. Un pensamiento que en 1972 causó conmoción en los líderes de los países industrializados, cuando fue expresado por Indira Gandhi, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, en Estocolmo.

Conocedor del impacto que esta frase genera, Gioja la utilizó incontables veces durante los doce años de su mandato, especialmente en las ocasiones en que las papas quemaban y el gobierno debió recurrir a toda su artillería discursiva para impedir la propagación de las dudas que generaba el control de la actividad minera. Fue esto lo que sucedió en el año 2009, cuando el gobernador empleó este pensamiento en el programa de Nelson Castro, en una participación orquestada para acallar las quejas que despertaba la estrecha relación entre la Provincia y las multinacionales mineras.  Y fue también en 2014 cuando la expresión hizo su aparición infalible en el marco de la inauguración de la etapa subterránea de Casposo. Una oportunidad en la que Gioja fue más allá, al asegurar que los controles en San Juan “son impecables, gracias a la policía minera y los organismos de control”.

¿Pero realmente se puede decir que es “impecable” el trabajo de una policía que tiene cada vez menos presupuesto y que no hizo nada para impedir el arrojo de residuos tóxicos en territorio sanjuanino por parte de empresas que trabajan en Chile? Tal vez es más creíble seguir con el falso dilema que sostiene que “es preferible la contaminación antes que la pobreza”, tan eficaz para chicanear a quienes exigen que la creación de fuentes de trabajo no implique generar daños irreparables en los recursos naturales, sin los que ninguna riqueza tendrá sentido.

Es también la falacia de las consecuencias adversas (que juega con el pánico al resaltar solo los efectos nefastos que tendría el no seguir con el camino único ofrecido) la que tan hábilmente han utilizado los justificadores de los débiles controles, cuyos efectos ya empezamos a ver. La estrategia no es un invento de Gioja, gran ejecutor de las tácticas de la persuasión que desde hace años enseñan los popes del capitalismo neoliberal. A contramano de lo que sostiene el discurso nacional y popular para el que mira por TV, funcionarios de todo rango se acoplan a la táctica empresarial de utilizar frases de contenido incorruptible para convertirlas en exactamente lo contrario: un arma de manipulación para no hacer lo que corresponde -por ley, por ética y por moral- e introducir la amenaza del peor escenario posible: el del hambre, la desnutrición y todos los males que trae la miseria.


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“Contaminación o pobreza” es la chicana que subyace a estrategias como las que utilizó el ministro Felipe Saavedra, cuando planteó a la explotación de uranio en un área protegida como la única fuente de desarrollo posible para los jachalleros. “Minería o muerte” parece ser el mensaje de quienes juegan con la miseria de la gente para asegurar la permanencia de polémicos métodos de control. Una estrategia que no solo tiene sus ejecutores a nivel local sino también nacional, con representantes como el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAME), Martín Dedeu, quien hace años citó la multifuncional frase de Indira Gandhi para reforzar la culpa y el miedo en quienes no querían minería en su región: “Puede ocurrir que algunas comunidades que están viviendo en condiciones, muchas veces, hasta subhumanas quieran seguir viviendo así, bueno que sigan viviendo así".

No queremos que nadie viva en tales condiciones o que haya miles de personas que no puedan aspirar a una vida mejor que la que les da el inestable trabajo agropecuario. ¿Pero mejorar la oferta laboral por algunos años autoriza a contaminar las fuentes de agua que no solo necesitamos nosotros sino también las generaciones venideras? Y más aún ¿avala que los organismos creados para impedir el daño a la Cordillera no cumplan su función? ¿O se trata de un mecanismo discursivo para dejar fuera de combate a quien, se supone, le gusta que haya gente pobre?

Si el interés por reducir la pobreza es real ¿no sería más lógico modificar las leyes para aumentar el porcentaje de regalías? ¿No sería mejor obtener una retribución digna, que marque un cambio significativo en la provincia y no termine en los SUM o movilidades para un par de municipalidades? ¿No habría que dejar de confundir las obras que se construyen con fondos nacionales con aquellas que se hacen con recursos mineros, para favorecer la engañosa imagen de una minería todopoderosa? ¿Se piensa realmente en los que menos tienen, que son quienes sufrirán más las consecuencias de cualquier daño ambiental?

“Son los pobres los que sufren la excesiva utilización de las tierras pero lo hacen empujados por su pobreza y por el desigual acceso a los terrenos. Así comienza para ellos un círculo vicioso que les obliga a destruir los recursos naturales de los cuales dependen y empeorar su miseria” dijo el editor británico especializado en medio ambiente, Geoffrey Lean, quien en pocas palabras resumió la trampa con la que muchos gobiernos someten a quienes no tienen otra alternativa que confiar.


Felipe Saavedra, ministro de Minería de la Provincia.
Felipe Saavedra, ministro de Minería de la Provincia.

La policía del Jefe Gorgory

Aunque para Gioja la labor de la Policía Minera puede ser definida como impecable, esta apreciación no parece ser compartida por la empresa suiza Glencore, que desarrolla el proyecto Pachón en Calingasta, ni por la Justicia Federal, que investiga la contaminación de territorio sanjuanino por parte de la minera Los Pelambres, que trabaja en el lado chileno. Según los informes de Glencore, la empresa chilena depositó, entre 2004 y 2011, 50 millones de toneladas de escombros en el lado sanjuanino de la Cordillera, que podrían haber dañado las napas.

El hecho fue conocido por la denuncia de la empresa de origen suizo y no por los inspectores de la Policía Minera de San Juan, que dejaron pasar siete años sin poner freno al arrojo de los residuos y sin evitar el desvío de cursos de agua hacia el vecino país. Consultado ante semejante nivel de inoperancia, el ministro Saavedra solo pudo alegar que “se trata de un problema entre particulares”. “Lo único que estamos haciendo es monitorear la zona y brindar toda la información, a pedido de la Justicia” dijo Saavedra en una nueva demostración del estilo Jefe Gorgory que caracteriza a la Policía Minera de San Juan, que se ocupa de “patrullar” la ciudad después de que esta ya fue saqueada.

“Una alta fuente de Minería confió que el ministerio no cumpliría con los controles de los proyectos que están en etapa de exploración y detalló que solamente se hacen controles en Veladero, Gualcamayo, Casposo y Lama – Pascua, este último suspendido. Además, agregó que parte de los controles son sustentados con fondos de las propias empresas mineras escribió esta semana Enrique Merenda, en una nota publicada en El Nuevo Diario. Prevenir la contaminación con los fondos de la compañía a la que hay que supervisar parece tan ridículo, pero lamentablemente tan real, como confiar en los diagnósticos médicos que la empresa PG&E pagaba a los pobladores de Hinkley, defendidos por Erin Brockovich.

¿Fue también para luchar contra la pobreza que se decidió disminuir un 35% de los fondos para los sistemas de control? ¿O fue para destinarlos a aumentar la propaganda, aquella que nos dice que nos quedemos con el peor de los males, porque no es justo pretender que la Policía Minera cumpla con su trabajo?

No somos inconformistas ni pedimos lo imposible. Solo queremos que el daño ambiental inherente a toda actividad industrial sea el mínimo posible y no el que resulta de la inacción por negligencia o corrupción. No queremos que nos envuelvan con artificios discursivos. Porque la peor contaminación también es la de la contaminación lisa y llana de los recursos naturales, que utiliza la amenaza de la pobreza para incumplir las leyes e hipotecar el futuro.
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