Estuvo tres años preso injustamente y ahora demandó a los Jueces

Se trata de un hombre que pasó esa cantidad de tiempo en el Penal de Chimbas. La Corte de Justicia revocó la condena, quedó en libertad y hace unos días demandó a los Jueces que lo encarcelaron.




 

Una inédita demanda ingresó a los Tribunales sanjuaninos contra los jueces de la Sala II de la Cámara Penal: Juan Carlos Peluc Noguera, Ernesto Kerman y José Atenágoras Vega. El demandante es Carlos Brizuela, un hombre que fue condenado a 16 años de prisión por la supuesta violación de una de sus hijas biológicas.

Tras la denuncia de la presunta damnificada y su madre, la Justicia de San Juan lo condenó y Brizuela estuvo detenido poco más de tres años en el Penal de Chimbas. Sin embargo, el 10 de septiembre de 2013 quedó en libertad. ¿Por qué? La Corte de Justicia entendió que el Tribunal que lo condenó había cometido un grave error ya que el delito se habría producido en la provincia de San Juan, y por lo tanto en esa jurisdicción debió haber sido investigado.

A 12 meses de salir de la cárcel, Carlos Brizuela, actualmente radicado en la provincia de La Rioja, presentó una demanda civil por un monto un poco inferior a los $2.000.000 en concepto de resarcimiento por los años encerrado en el Penal.

Lo diferente de este caso es que los demandados son personas físicas, cuando normalmente en este tipo de casos se acciona contra el Estado. Aunque vale aclarar aquí que Brizuela también lo hizo.

El presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Juan, doctor Gustavo Almirón, analizó este caso: "Yo no tengo antecedentes, pero la situación es la misma siempre. El tema es que si hay o no responsabilidad de los funcionarios por los actos cumplidos, ya sea como en este caso que se revocó la sentencia anterior y que puede caer en una detención ilegítima, o como en lo civil que se haya condenado y liberado un depósito que no debería haberse liberado. El cuestionamiento y el error es el mismo".

Del mismo modo, el abogado explicó que "el demandado puede ser el Juez, el Juez y los Fiscales intervinientes, el Juez y el Estado o el Estado solo". Además, Almirón opinó que personalmente entiende que "este caso no entra en la responsabilidad de los funcionarios".

"Es una cuestión de lógica que en algún momento se tiene que resolver. Si le abrimos la puerta a que todo aquel que no esté de acuerdo con la sentencia a que le haga una demanda al Juez, los Jueces no podrían trabajar y no habría seguridad jurídica", dijo.

Pero el artículo 43 de la Carta Magna sanjuanina prevé que para casos similares que "el que en ejercicio de funciones públicas viole por acción u omisión los derechos, libertades o garantías declaradas en esta Constitución o lesione los intereses confiados al Estado, es personalmente responsable de las consecuencias dañosas de su conducta con arreglo a las normas del derecho común en cuanto fueren aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad del Estado".

Al respecto, Almirón dijo que "lo que pretende la Constitución es limitar". "En casos excepcionales se podría abrir la vía de daños y perjuicio. Pero no hay que tomarlo como que es contra el sistema judicial, no es la primera demanda que hay contra Jueces y no va a ser la última. En general el Magistrado ha salido liberado por el tema constitucional", finalizó.