Crece la expectativa por la audiencia con el juez Griesa

Tras el sorpresivo pago de 1000 millones de dólares a los bonistas del canje, monto que podría ser embargado, el Magistrado de Nueva York citó para hoy a los abogados del país y de los holdouts a una reunión en su Juzgado.

Convocante. El Juez convocó a las partes hoy tras un adelanto de pago.

Fuente: La Nación

Se acotaron los tiempos. La decisión sorpresiva del Gobierno de pagar US$ 1000 millones a los bonistas del canje aceleró la disputa que lo enfrentan con los holdouts y allanó el camino para que los representantes del país se sienten cara a cara hoy con los defensores de los fondos buitre ante el juez Thomas Griesa. El magistrado hizo lugar a un pedido de los fondos NML-Elliot y Aurelius y convocó a una audiencia entre las partes a las 11.30 (hora argentina) para analizar la situación generada por el anuncio que ayer leyó el ministro de Economía, Axel Kicillof.

Los demandantes le solicitaron al juez que considere que la Argentina está en desacato con la Justicia al haber anunciado que transferiría dinero, depositadas ayer en dos cuentas del Bank of New York (BoNY) en el Banco Central, a los bonistas que entraron a los canjes, pero sin pagarles a ellos. En la carta a Griesa, el abogado Robert Cohen, representante de NML, afirmó que el Gobierno tendría que ser considerado en desacato por su decisión unilateral y pidió embargar esos fondos depositados. Cohen dijo que el anuncio del ministro es un "descarado paso hacia la violación de la orden" emitida por el tribunal hace unas semanas.

Por otra parte, negó, como afirmara Kicillof ayer, que "los buitres no estén dispuestos a negociar", porque informalmente han dicho que aceptarían bonos para cobrar la sentencia confirmada por la Corte Suprema de Estados Unidos.

 

La decisión de Griesa

El juez Griesa recibirá a Cohen y al representante de la Argentina, Carmine Boccuzzi, del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton, como ya lo hizo hace la semana anterior. En aquella oportunidad, el magistrado no ahorró críticas hacia la Presidenta y puso en duda la buena fe del Gobierno, luego de que Cristina Kirchner transmitiera un duro discurso por cadena nacional.

La jefa de Estado dio un giro el viernes pasado cuando dijo en Rosario que aceptaba negociar, mientras Kicillof viajó a Nueva York anteayer y pidió expresamente una nueva medida cautelar para que el país tenga más tiempo para negociar. "El pedido de stay es denegado", afirmó el magistrado en un breve escrito que difundió ayer. "Ese pedido no es apropiado. La orden no se pone en marcha hasta que la Argentina no haga el pago a los bonistas que entraron a los canjes, y esta corte no tiene control sobre lo que puede hacer la Argentina con esos pagos", sostuvo el juez.

Sobre ese escenario, y con la amenaza de fondo de que el país caiga en un default, la Argentina y los holdouts se enfrentarán hoy cara a cara. La presión, según varios abogados consultados por LA NACION, ahora está también sobre el BoNY, que debe decidir qué hace con el dinero recibido por la Casa Rosada, porque el Gobierno podría argumentar que nadie lo puede acusar de default si ya los fondos están en manos del agente de pagos. Pero, a la vez, si transfiriera ese dinero, el banco estaría incumpliendo la orden de la justicia, por lo que se encuentra literalmente en un callejón sin salida, a menos que Griesa le habilite una salida de emergencia.

Además, si el magistrado concede el embargo pedido por los buitre, el país tendría un periodo de 30 días más, hasta el 31 de julio, para cumplir con los tenedores de bonos Discount y no caer en default. Todo está por definirse aún, aunque la situación es compleja para la Argentina. A la expectativa, el mercado ya descontó que habrá una salida negociada, pero la falta de señales concretas en esa línea podría ocasionar nuevas turbulencias en el corto plazo. La última palabra, al parecer por ahora, la tiene el juez de Nueva York, Thomas Griesa.

 

Las claves para entender la disputa

-¿Qué hizo ayer la Argentina?

El Gobierno informó ayer el pago de US$ 832 millones correspondiente a los servicios de capital e intereses de sus bonos reestructurados, cuyo vencimiento es el lunes. Precisó que, de ese total, US$ 539 millones fueron transferidos a dos cuentas a nombre del Bank of New York en el Banco Central. Según informó Kicillof , los fondos "son propiedad fiduciaria de los tenedores (de deuda), siendo obligación del agente fiduciario mantenerlos en beneficio de los tenedores hasta su liquidación y pago, no existiendo ningún interés de la República Argentina sobre tales importes".

-¿Qué pasó con el resto de los fondos?

La Argentina no precisó el destino de los restantes US$ 293 millones.

-¿Cuáles son las dudas que despierta la medida?

Una hipótesis es que con esta acción la Argentina busca eludir la cláusula RUFO, que establece que los tenedores de bonos reestructurados pueden reclamar un trato similar si algún otro acreedor recibe mejores condiciones de pago. Otra posibilidad es que el Gobierno busque presionar políticamente a Griesa intentando hacerlo quedar como culpable de un eventual default argentino.

-¿Cómo reaccionaron los fondos buitre?

Le pidieron al juez Griesa que efectivice el embargo de los fondos y que convoque a una audiencia para discutir la situación. Criticaron el pago realizado por la Argentina a los bonistas y denunciaron que se trata de una maniobra violatoria de la sentencia. La audiencia se realizará hoy, a las 11.30, y el objetivo de los fondos buitre es convencer a Griesa para que embargue los US$ 539 millones que ya depositó la Argentina.

-¿Cómo reaccionaron los mercados?

El índice Merval de la Bolsa porteña cayó 2,03 por ciento, mientras que los títulos en pesos bajaron en promedio 0,95 por ciento y los bonos en dólares perdieron 1,06 por ciento. El mercado cambiario reaccionó con tranquilidad: el dólar oficial cerró sin cambios, mientras que el paralelo retrocedió diez centavos hasta cotizar en 12,10 pesos.

-¿Qué puede pasar en los próximos días?

El mercado descontó que habrá una salida negociada, pero la falta de señales concretas en esa línea podría ocasionar nuevas turbulencias en el corto plazo. Las empresas esperan que haya un acuerdo para no ver limitada su financiamiento.