Diputados avanzó con el super RIGI para captar megainversiones

Antes de convertirse en ley, el denominado “Super RIGI” deberá atravesar el debate en el Senado. Sin embargo, el Gobierno ya consiguió un paso clave luego de que la Cámara de Diputados aprobara la propuesta destinada a incentivar desembolsos multimillonarios en actividades consideradas estratégicas para las próximas décadas.

El proyecto recibió 130 votos favorables y 106 rechazos. La iniciativa fue respaldada por el bloque libertario junto a legisladores del PRO, la UCR y diferentes espacios provinciales, entre ellos Producción y Trabajo, de San Juan. En la vereda opuesta se ubicaron Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y otros sectores minoritarios.

La norma establece un régimen especial para emprendimientos que superen los 1.000 millones de dólares y que estén vinculados con áreas aún poco desarrolladas en el país. Entre ellas aparecen la fabricación de vehículos eléctricos, la producción de baterías de litio, centros de datos, inteligencia artificial, energía solar y eólica, además de proyectos relacionados con minerales estratégicos como el uranio.

Para atraer capitales, el esquema contempla una batería de beneficios impositivos y cambiarios. Entre ellos sobresale una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, la eliminación de derechos de importación y exportación, ventajas para amortizar inversiones y la promesa de mantener estables las reglas del juego durante tres décadas.

Durante la discusión parlamentaria también se incorporaron modificaciones impulsadas por bloques aliados. Una de ellas premia las inversiones en investigación y desarrollo, permitiendo computarlas con un valor superior al real al momento de alcanzar el monto mínimo exigido. Además, los futuros emprendimientos deberán presentar planes para incorporar proveedores nacionales y garantizar que al menos una porción de sus compras permanezca en el mercado local.

Otro de los requisitos añadidos obliga a acreditar, mediante informes técnicos, que las iniciativas no comprometerán los recursos naturales ni la infraestructura de las regiones donde se instalen, contemplando además sus efectos sociales y ambientales.

Desde el oficialismo defendieron el proyecto bajo la premisa de que la Argentina necesita generar condiciones competitivas para captar capitales globales. Sostuvieron que la seguridad jurídica y la estabilidad normativa son factores decisivos para atraer inversiones que hoy se dirigen a otros mercados.

La oposición, en cambio, cuestionó la magnitud de los incentivos otorgados. Los principales cuestionamientos giraron en torno a la pérdida de recursos fiscales, la posibilidad de recurrir a tribunales internacionales para resolver conflictos y el riesgo de limitar la capacidad de decisión del Estado sobre sectores estratégicos.

Mientras el debate político continúa, el futuro del Super RIGI quedará ahora en manos del Senado, donde el Gobierno buscará convertir en ley una de sus principales apuestas para promover inversiones en industrias de alta tecnología y energías del futuro.