La Justicia interviene por la presunta mala praxis que le costó la vida a Alma

La muerte de Alma Uliarte Alfaro, la niña de 11 años que falleció el pasado 26 de noviembre tras ingresar al Hospital Rawson, dio lugar a la presentación de una denuncia penal por presunta mala praxis médica. La acción fue impulsada por su familia, que sostiene que durante su atención no se habría arribado a un diagnóstico certero en tiempo oportuno.

Según confirmaron fuentes judiciales, la denuncia ya fue radicada y el expediente quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal, puntualmente en la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especiales. Desde allí se deberán disponer las medidas necesarias para establecer cómo fue la atención médica brindada y si existieron conductas penalmente reprochables.

De acuerdo a lo consignado en la presentación, la menor ingresó al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson con síntomas de vómitos y fiebre, acompañada por su abuela paterna. Con el transcurso de las horas, su estado de salud se habría agravado y fue trasladada a Terapia Intensiva Pediátrica, donde sufrió paros cardíacos y falleció alrededor de las 20 horas.

Desde la parte denunciante indicaron que Alma habría permanecido varias horas internada sin que se definiera con precisión el origen de su cuadro clínico ni se adoptaran medidas acordes a la evolución del mismo. En ese marco, la denuncia apunta a la actuación de una médica de guardia y de una enfermera que intervinieron en la atención inicial.

En relación a la causa de la muerte, existen diferencias entre los informes médicos incorporados al caso. Mientras que una autopsia preliminar consignó una pericarditis restrictiva con falla cardíaca, desde el Hospital Rawson se informó posteriormente que los estudios indicaron meningitis. En paralelo, la familia sostiene, con base en una pericia forense, que se trataría de un cuadro de miocarditis, motivo por el cual solicitarán la participación de un perito de parte.

La fiscalía deberá ahora requerir la historia clínica completa, la documentación hospitalaria y los informes médicos correspondientes. Una vez reunido ese material, será analizado por profesionales del Ministerio Público Fiscal, quienes elaborarán un dictamen técnico para determinar si existen elementos que permitan avanzar en la causa.