Imputaron a un policía de la Comisaría Segunda por presuntos apremios ilegales durante una detención

La Justicia de San Juan imputó a un efectivo de la Policía provincial por el presunto delito de apremios ilegales, a raíz de un procedimiento ocurrido en la Comisaría Segunda. El acusado es el agente Alexis Álvarez, quien fue denunciado por un hombre de apellido Mansur.

La imputación se formalizó este martes durante una audiencia encabezada por la fiscal Agostina Ventimiglia, quien expuso que la investigación se inició tras la denuncia del detenido. Según la acusación, el hecho se remonta a fines de agosto, cuando Mansur fue interceptado por personal policial tras una persecución en la vía pública mientras circulaba en motocicleta y habría intentado evadir un control por no contar con la documentación correspondiente.

Al ser identificado, los efectivos constataron que el hombre tenía un pedido de captura vigente, por lo que fue detenido y trasladado a la Comisaría Segunda, donde quedó alojado en los calabozos. Al día siguiente, el 28 de agosto por la mañana, debía ser trasladado para una revisión médica y posteriormente puesto a disposición de la fiscalía.

De acuerdo a la investigación, Mansur se habría negado a salir del calabozo y adoptó una actitud hostil, lo que derivó en un forcejeo con el personal policial hasta que fue reducido y esposado. La fiscalía sostuvo que, una vez inmovilizado y sin posibilidad de resistencia, el agente imputado le habría propinado un golpe de puño en el rostro.

El presunto episodio habría quedado registrado por el sistema de videovigilancia interno de la dependencia policial. Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó la reproducción de las imágenes, pero la defensa se opuso al señalar que aún no había tenido acceso completo al legajo. Por este motivo, el material audiovisual fue incorporado como prueba para su análisis posterior.

La denuncia cuenta además con un informe médico, que da cuenta de lesiones compatibles con una reducción policial y una lesión facial que sería compatible con un impacto directo.

La causa quedó encuadrada en la Investigación Penal Preparatoria (IPP), con un plazo de seis meses. Como medidas cautelares, el juez dispuso que el imputado se someta al proceso judicial y le impuso la prohibición de salida del país, sin aplicar otras restricciones, dado que no registra antecedentes penales.