Condenaron a un hombre por tenencia y distribución de material de abuso infantil en Chimbas

El caso se resolvió mediante un juicio abreviado, tras el reconocimiento del delito por parte del acusado.

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La Justicia sanjuanina condenó a un hombre por tenencia y distribución de material de abuso y explotación sexual infantil, luego de que fuera identificado a partir de reportes emitidos por una red internacional de protección de menores. El caso se resolvió mediante un juicio abreviado, tras el reconocimiento del delito por parte del acusado.

La sentencia fue dictada durante la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria. El imputado fue identificado por el apellido Vargas, domiciliado en el departamento Chimbas. El debate fue presidido por el juez Alberto Caballero, con la intervención del fiscal Pablo Martín y el ayudante fiscal Federico Pereyra. La defensa estuvo a cargo del defensor oficial Marcelo Salinas, quien acordó el castigo con el Ministerio Público.

Según se expuso en la audiencia, la investigación se inició el 19 de septiembre de 2025, cuando la fiscalía recibió cuatro reportes del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), organismo internacional dedicado a la detección y denuncia de delitos vinculados a la explotación sexual infantil.

Los informes se originaron a partir de una alerta emitida por Google, que detectó entre el 9 y el 10 de agosto de 2025 la carga de material ilegal en una cuenta de Google Drive asociada al imputado. En total, se comprobó la subida de 51 archivos multimedia, todos vinculados al mismo usuario.

Las pericias técnicas permitieron establecer que el contenido fue cargado desde una única dirección IP, posteriormente geolocalizada en el domicilio del acusado, en Chimbas. Este tipo de detecciones forma parte de los sistemas de monitoreo que articulan plataformas digitales con organismos internacionales para combatir delitos contra menores en entornos digitales.

Como resultado del acuerdo de juicio abreviado, Vargas fue condenado a cinco meses de prisión de cumplimiento condicional. Además, se ordenó la sanitización del dispositivo electrónico secuestrado durante la investigación y su posterior devolución.

El caso volvió a poner en foco la relevancia de los mecanismos internacionales de detección temprana y del trabajo coordinado entre empresas tecnológicas y la Justicia para identificar y sancionar delitos vinculados a la explotación sexual infantil.

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