Inició la etapa preliminar de la investigación por la millonaria deuda contraída en la gestión Uñac

El Ministerio Público Fiscal comenzó a analizar formalmente la denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia por presuntas irregularidades en la ejecución del Acueducto Gran Tulum, una de las obras hídricas más relevantes de los últimos años en San Juan. El fiscal Sebastián Gómez explicó en Movilízate, el streaming de Diario Móvil por +Medios, que la causa se encuentra dentro de la etapa preliminar prevista por el Código Procesal Penal, que otorga 15 días para una primera valoración.

Gómez sostuvo que, debido a la magnitud del caso, el MPF actuará “con prudencia” y siguiendo estrictamente los plazos legales. Señaló que la presentación es amplia y no apunta a personas determinadas sino a hechos que deben ser analizados: “Una denuncia tan genérica puede abarcar muchas personas si existiera delito, o a ninguna. Eso es justamente lo que se debe verificar”.

El fiscal remarcó que, aunque Arancibia fundamentó su denuncia en publicaciones periodísticas —principalmente notas de Diario Móvil—, el MPF necesita documentación oficial para avanzar. Por eso, las primeras medidas estarán orientadas a solicitar informes a organismos públicos y recopilar información técnica y administrativa relevante. Tampoco descartó pedir el informe aprobado por la Cámara de Diputados hace meses y que aún no recibió respuesta.

Si la denuncia supera esta primera instancia, la causa avanzará a una investigación previa de 90 días, prorrogable por otros 90. En esa etapa se revisarán licitaciones, contratos, certificaciones, compras de materiales y el endeudamiento con Kuwait por 100 millones de dólares, cuya amortización ya comenzó según reconoció el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez. Arancibia considera ese punto clave: “La provincia ya está pagando un crédito millonario por una obra que no está terminada”, afirmó.

El abogado también mencionó versiones sobre una compra de caños por unos 50 millones de dólares que no serían aptos para la obra. “Eso se tiene que verificar en sede judicial”, sostuvo, además de mencionar testimonios de empresas que habrían denunciado pliegos a medida y eventuales vínculos familiares entre la firma adjudicataria y el exgobernador Sergio Uñac. “No digo que sea delito, digo que debe investigarse”, aclaró.

El fiscal Gómez informó que el MPF pidió a Arancibia una aclaración puntual sobre el delito de enriquecimiento ilícito, ya que el escrito menciona su presunta prescripción el 10 de diciembre. “Le pedimos la aclaración porque deja entrever ese delito. Nosotros vamos a investigar todo lo que surja, pero era necesario precisar ese punto”, explicó.

Arancibia insistió en que su presentación no se limita a esa figura penal, aunque reconoció que el plazo “marca urgencia”. También sostuvo que el Fiscal de Estado debe presentarse como querellante si la causa avanza: “La víctima es la Provincia de San Juan y su patrimonio”.

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Gómez evitó anticipar posibles imputaciones. Reiteró que en esta etapa no se cita a declarar a personas potencialmente investigadas, salvo presentaciones espontáneas con abogado. “Estamos dentro del tiempo que nos marca la ley y, con la seriedad que se merece, se va a investigar”, aseguró.

La denuncia se presentó a dos años del cambio de gestión, un límite relevante para ciertos delitos. Arancibia advirtió que dejar pasar plazos “consolida la impunidad” y que esta causa es una oportunidad para que el MPF demuestre rigor en investigaciones por presunta corrupción. “Puede que la investigación determine que no hubo delito, pero lo que no puede pasar es que no se investigue”, subrayó.