Nuevos detalles de la denuncia penal por presunta corrupción en la gestión de Uñac

El abogado Marcelo Arancibia profundizó públicamente los alcances de la denuncia penal que presentó para que se investiguen presuntas irregularidades en la ejecución del Acueducto Gran Tulum, una de las obras hídricas más importantes encaradas por la provincia en los últimos años. Lo hizo en una entrevista en el programa Movilízate, del streaming de Diario Móvil por +Medios, donde insistió en la necesidad de que el Ministerio Público Fiscal avance sin demoras para determinar si existieron delitos contra la administración pública durante el período 2015-2023.

Según explicó, la denuncia apunta a que la Justicia analice “hechos concretos que están a la vista de todos” y no a personas determinadas. “Yo no denuncié nombres propios, denuncié hechos. Los responsables tienen que surgir de la investigación judicial”, remarcó Arancibia, al marcar que el objetivo principal es despejar dudas sobre el destino de fondos millonarios comprometidos en una obra que aún no cumple su función.

Durante la entrevista, el letrado puso el foco en el endeudamiento provincial. “La provincia de San Juan ya está pagando un crédito de 100 millones de dólares por una obra que no está terminada”, afirmó, y citó declaraciones del ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, quien reconoció que el préstamo tomado con Kuwait comenzó a amortizarse y tendrá un plazo de devolución de 20 años. “Eso es gravísimo desde cualquier punto de vista”, sostuvo.

Arancibia también hizo referencia a versiones que indican que una primera compra de caños, valuada en alrededor de 50 millones de dólares, no sería apta para la obra. “Hay información consistente que dice que esos caños no sirven. Eso se tiene que verificar técnicamente y en sede judicial”, señaló, al tiempo que cuestionó la falta de información oficial pese a que la Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes hace varios meses. “Pasaron más de cinco meses y no hay una sola respuesta. Tiempo que pasa es la verdad que huye”, lanzó.

Otro punto central de la denuncia es el presunto direccionamiento de la licitación. El abogado sostuvo que existen testimonios de empresas que participaron del proceso y denunciaron pliegos a medida. “Hay versiones serias de que la empresa adjudicataria estaría vinculada familiarmente con el exgobernador Sergio Uñac. Yo no afirmo que eso sea delito, digo que eso tiene que investigarse”, aclaró. En ese sentido, remarcó que corresponde analizar si hubo negociaciones incompatibles, tráfico de influencias o una administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

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El abogado enfatizó que, en caso de avanzar la causa, el Fiscal de Estado debería presentarse como querellante. “La víctima acá no soy yo ni ningún partido político. La víctima es la Provincia de San Juan y su patrimonio”, expresó, al subrayar que toda la documentación necesaria para esclarecer el caso “está en manos de organismos públicos y del propio Ejecutivo”.

Arancibia también explicó el contexto temporal de la presentación. Señaló que el próximo 10 de diciembre se cumplen dos años desde el cese de las funciones de la anterior gestión, plazo tras el cual prescribe la posibilidad de investigar el delito de enriquecimiento ilícito. “Mi denuncia no se limita a ese delito, pero es un dato objetivo que marca la urgencia. Si dejamos pasar los plazos, consolidamos la impunidad”, advirtió.

Por último, el letrado fue crítico con el historial judicial de la provincia en materia de causas por corrupción. “En San Juan casi no hay investigaciones de fondo sobre estos temas. El Ministerio Público Fiscal tiene hoy una oportunidad enorme de demostrar que está a la altura”, afirmó. Y concluyó: “Puede ser que la investigación determine que no hubo delito, pero lo que no puede pasar es que no se investigue. Eso es lo que más daño le hace a la confianza de la sociedad”.