Cómo avanza la denuncia por presunta corrupción en la gestión de Uñac

La reciente denuncia por presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum abrió un nuevo frente institucional que involucra a la Fiscalía de Estado. Su titular, Sebastián Dávila, confirmó que el organismo ya analiza los elementos aportados por el abogado Marcelo Arancibia y aseguró que, si el Ministerio Público Fiscal verifica los hechos señalados, la Provincia participará de la causa. “Ante la sospecha de posibles delitos que afecten el patrimonio estatal, deberemos constituirnos como parte querellante en el proceso”, adelantó.

Dávila explicó que esta intervención no es automática ni está vinculada a una facultad investigativa propia, sino supeditada a lo que determine la UFI Delitos Especiales. “Nuestra función es intervenir en defensa de los intereses del Estado, sean o no patrimoniales”, sostuvo. Consultado sobre el alcance de esa participación, precisó que la Fiscalía de Estado puede aportar “medios de prueba, pedidos de informes y distintas medidas que se consideren oportunas”, aunque aclaró que ese trabajo “es un complemento a la actividad del fiscal del Ministerio Público”, quien dirige la investigación.

El funcionario remarcó que la denuncia requiere un análisis profundo por la complejidad de los hechos mencionados. “No es de sencilla resolución, va a llevar un cierto tiempo para su estudio y merituación”, expresó, al señalar que no recuerda antecedentes de una intervención penal similar en causas de corrupción por parte del organismo.

Mientras tanto, la presentación original continúa su curso. Desde la UFI Delitos Especiales solicitaron a Arancibia que precise si denuncia enriquecimiento ilícito y, en ese caso, identifique a los presuntos responsables. La respuesta del abogado, que negó haber acusado ese delito pese a mencionarlo en su escrito inicial, generó atención dentro del Ministerio Público. En su contestación, Arancibia señaló que “la denuncia penal no es por enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 268 bis”, aunque en su presentación había advertido sobre la proximidad del plazo de prescripción vinculado a esa figura.

La investigación preliminar se centra en contratos, compras y decisiones adoptadas durante la ejecución del acueducto, una obra financiada con un crédito del Fondo Kuwaití. Entre las irregularidades mencionadas se encuentran la presunta vinculación familiar entre la empresa Krah —proveedora de cañerías— y un familiar directo del exgobernador Sergio Uñac; cuestionamientos sobre la calidad de los materiales; diferencias de precios señaladas por competidores; y un endeudamiento que ya comenzó a pagarse. “La provincia está pagando un crédito de 100 millones de dólares por una obra que no está terminada”, remarcó Arancibia en declaraciones públicas.

El abogado, que insiste en que su denuncia apunta a “hechos concretos y no a personas determinadas”, sostuvo que los puntos señalados podrían encuadrar en delitos como negociaciones incompatibles, malversación de fondos públicos, defraudación al Estado, dádivas o asociación ilícita. También cuestionó la falta de información oficial sobre el avance de la obra, pese a que la Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes que aún no fue respondido. “Tiempo que pasa es la verdad que huye”, dijo sobre la demora.

Arancibia señaló además versiones que indican que una primera compra de caños —valuada en unos 50 millones de dólares— “no sería apta” y reclamó una verificación técnica en sede judicial. También recordó que, en 2017, una empresa competidora advirtió al fondo kuwaití que las tuberías de Krah eran “experimentales” y más costosas que otras alternativas.

De avanzar la causa, la participación de la Fiscalía de Estado sumaría una instancia adicional de control dentro del proceso penal. “La víctima acá es la Provincia de San Juan y su patrimonio”, sostuvo Arancibia, quien insistió en que toda la documentación relevante está en dependencias oficiales. Finalmente, remarcó la necesidad de esclarecer los hechos: “Puede ser que la investigación determine que no hubo delito, pero lo que no puede pasar es que no se investigue”.