Una sanjuanina denunció a su ex por difundir videos íntimos pero resultó ser falso

Un conflicto entre dos exnovios terminó derivando en una investigación judicial que finalmente quedó sin efecto. Todo comenzó cuando una menor de Capital aseguró que su antiguo compañero sentimental tenía en su poder grabaciones íntimas y que, presuntamente, las estaba publicando o podía hacerlo en cualquier momento. Esa sospecha activó el protocolo habitual y motivó la apertura de un expediente por la posible difusión de contenido privado sin consentimiento.

El caso apuntaba a un joven de 21 años que trabaja en una barbería de Rawson y es activo en redes sociales. Ambos habían mantenido una relación que, según la denunciante, incluía grabaciones de carácter sexual. Tras la ruptura, la chica manifestó temor y acudió junto a su madre a la unidad fiscal correspondiente para radicar la denuncia.

A partir de esa presentación, se ordenaron distintos procedimientos. Personal policial ingresó a la vivienda del joven y al local donde trabaja para secuestrar teléfonos y otros soportes digitales. Además, se dictó una restricción de acercamiento mientras avanzaba la investigación.

Pocas horas después, el joven se presentó por voluntad propia ante la Justicia acompañado por su defensa. Negó que existiera cualquier tipo de material relacionado con su exnovia y aseguró que las acusaciones carecían de fundamento.

Cuando los dispositivos incautados fueron analizados por especialistas en tecnología, la situación dio un giro total. Los informes técnicos concluyeron que no había rastro de archivos que involucraran a la denunciante ni evidencias que respaldaran las sospechas iniciales. Todo el contenido encontrado correspondía a personas ajenas al caso y era irrelevante para la causa.

Con estos resultados y las declaraciones reunidas, la fiscal a cargo determinó que no había elementos que configuraran un delito. Por esa razón solicitó archivar la causa, notificar a todos los involucrados y devolver los dispositivos electrónicos una vez completados los trámites correspondientes.

La decisión cerró un expediente que se extendió durante 3 meses y que, finalmente, terminó confirmando que la acusación era infundada.