San Juan avanza en el cobro a apps como Uber y DiDi: cuándo se trata de Ley de Transporte

Mientras la discusión legislativa sobre la futura Ley de Transporte se ralentiza, el Gobierno provincial ya puso en marcha uno de los puntos más sensibles del debate: el inicio del cobro de Ingresos Brutos a las aplicaciones de traslado de pasajeros. La medida fue confirmada por el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, quien comunicó al sector que el proceso se encuentra activo y que la primera liquidación llegará a fin de mes. “Esta mañana se los confirmamos”, explicó el funcionario al detallar que el mecanismo se apoya en los movimientos bancarios asociados a cada CUIT, los cuales permiten a ARCA y a la Dirección General de Rentas aplicar los tributos correspondientes.

El movimiento fiscal ocurre en paralelo a la revisión de la iniciativa legislativa, que incorpora la regulación formal de estas plataformas y prevé sanciones para quienes operen sin inscripción. La versión actual del proyecto también concentra una serie de modificaciones pedidas por remiseros, taxistas y empresarios del transporte público. Molina señaló que “se receptó el 90% de los planteos” e incluso afirmó que, en la última reunión con diputados, tomaron “el 100% de los pedidos”. Estas modificaciones incluyen la ampliación del leasing para taxis, remises y colectivos, un período de adecuación de un año desde la entrada en vigencia de la ley y una extensión de la antigüedad permitida de las unidades contratadas, que pasa de 10 a 15 años.

Entre los cambios estructurales también se encuentra la eliminación del histórico régimen de alquiler de licencias. Ese sistema, vigente desde la ley 7.536 y luego ampliado por la 8.555, permitía la tenencia de hasta el 7% del total de licencias habilitadas por persona, lo que, según Molina, llegó a equivaler a unas 120 licencias. El nuevo esquema reemplaza este mecanismo por un Registro Provincial de Transporte en el que cada conductor deberá inscribirse de manera individual, cumpliendo requisitos como carnet profesional y seguro para transporte de personas. En este modelo, los titulares de agencias solo podrán contar con su propio certificado de registración si desean seguir trabajando.

Otra de las modificaciones centrales tiene que ver con las empresas de colectivos. La legislación actual fija que una firma no puede superar el 30% de las líneas, pero el proyecto baja ese límite al 25% y, además, cambia la unidad de medición: ya no se regulará por cantidad de líneas, sino por el total de coches que cada empresa tenga en servicio. Molina justificó la modificación al indicar que “es muy lógico” pasar de la regulación por líneas al control por unidades, ya que no todas las líneas tienen igual extensión, demanda ni capacidad de recaudación.

En el plano político, el avance administrativo del cobro impositivo contrasta con el freno legislativo. Tras la presentación de la versión modificada del proyecto, los bloques opositores solicitaron más tiempo para estudiar los cambios. El presidente del bloque Bloquista, Luis Rueda, anticipó que la intención es “sacar despacho para la próxima sesión”, prevista para el 11 de diciembre. Esa misma fecha fue ratificada por el vicegobernador Fabián Martín, quien afirmó que “no hay un apuro eminente” por tratar la normativa antes y remarcó que el objetivo es alcanzar un acuerdo más amplio. “Queremos tenerla lo antes posible, pero no hay necesidad de tratarla mañana jueves”, expresó en radio Colón.

En esta fase de revisión, también se incorporaron pedidos vinculados a la igualdad de condiciones impositivas entre los distintos prestadores del servicio. En esa línea, el diputado de La Libertad Avanza, Fernando Patinella, destacó que la puesta en marcha del cobro a las aplicaciones responde a su planteo de garantizar equidad tributaria entre empresas de transporte regulado y plataformas digitales.

La iniciativa, que incluye nuevas sanciones, la obligación de inscripción en el registro y la actualización de diversos parámetros del sistema, se encuentra a la espera de definiciones legislativas. Con las sesiones ordinarias prorrogadas, el oficialismo buscará alcanzar un respaldo más amplio antes de llevar la ley al recinto.