Orrego llevó el reclamo por la Ley de Glaciares y pidió reglas claras para la minería

La agenda minera volvió a ocupar un lugar central en la política nacional. Este lunes, el gobernador Marcelo Orrego mantuvo una reunión con el futuro ministro del Interior, Diego Santilli, y puso especial atención en un punto que la provincia considera decisivo: la necesidad de definir cómo se aplica la Ley de Glaciares en la alta cordillera.

San Juan, que desde hace más de una década sostiene una política minera con controles y planificación provincial, concentra seis de los diez proyectos de cobre de gran escala que existen actualmente en Argentina. Entre ellos está El Pachón, en Calingasta, uno de los yacimientos que podría posicionar al país en el mercado global de este mineral estratégico para la fabricación de tecnologías, energías renovables y electromovilidad.

Orrego remarcó ese contexto internacional durante la reunión. Según planteó, el mundo está entrando en una etapa donde ciertos recursos marcan el rumbo de inversión. “Argentina hoy tiene tres grandes motores: los granos, Vaca Muerta y la minería”, señaló. En ese escenario, el litio se presenta como un recurso táctico por su uso en baterías, pero el cobre aparece como un insumo clave en cualquier estructura eléctrica o transición energética. "El cobre es estratégico”, insistió.

El problema, dijo, no es técnico sino normativo. La Ley Nacional de Glaciares protege glaciares y zonas periglaciares como reservas de agua dulce, pero su aplicación concreta depende de la interpretación de los territorios relevados en el Inventario de Glaciares. Ese inventario no solo tuvo demoras, sino que además generó controversias sobre qué zonas quedan bajo absoluta prohibición y cuáles podrían admitir actividad bajo control ambiental.

Esa indefinición, según la visión provincial y del sector productivo, deja a proyectos como El Pachón en un terreno incierto, donde no queda claro hasta qué punto pueden avanzar las empresas sin exponerse a litigios o suspensiones.

Orrego lo sintetizó durante el diálogo con Santilli: “Hace falta completar la reglamentación y establecer con claridad que las provincias sean la autoridad de aplicación. Eso permitiría trabajar con responsabilidad y previsibilidad”. La previsibilidad es, hoy, la palabra que repiten los inversores internacionales.

Mientras tanto, la discusión continúa abierta entre Nación, provincias, especialistas ambientales y empresas. La tensión está en encontrar un equilibrio real entre preservación de fuentes de agua y desarrollo económico en áreas donde los proyectos ya llevan años de estudios y planificación.