“El mercado no puede ser quien regule la comunicación”

Ante las movilizaciones que tuvieron lugar esta semana en rechazo de los cambios introducidos por el Gobierno nacional a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la licenciada en Comunicación Social, Luciana Coria, explicó por qué amplios sectores sociales se oponen a la propuesta macrista y cuáles son los perjuicios que ocasionaría.

---

 

Por Graciela Marcet

Esta semana, miles de personas salieron a la calle en diferentes ciudades del país para manifestarse en contra de los cambios que el gobierno nacional impulsa en el área de la comunicación audiovisual. Organizaciones sociales, representantes de universidades nacionales, trabajadores de radios comunitarias, asociaciones de Derechos Humanos, centros culturales, gremios y agrupaciones políticas, principalmente kirchneristas, estuvieron al frente de multitudinarias marchas, organizadas para oponerse a las modificaciones que el macrismo comenzó a realizar, por decreto, a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

“Ningún cambio fuera de la ley” fue el lema de la movilización que se realizó en San Juan, coordinada por la Coalición en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Este grupo nació ante la preocupación que generó el decreto 13/2015, que coloca bajo la órbita del Ministerio de Comunicaciones a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC).

“La Ley de Medios nació para limitar la libertad de expresión en el marco de la lucha contra el Grupo Clarín” explicaron desde el PRO para avanzar en una reforma que, según manifestó el titular del flamante Ministerio de Comunicaciones, Oscar Aguad, buscaría lograr que “los medios compitan libremente en el mercado”.

Ante la confusión que en gran parte de la sociedad genera esta disputa, Diario Móvil consultó a la licenciada en Comunicación Social, Luciana Coria, docente de la cátedra “Políticas y legislación en Comunicación” de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ. La especialista explicó cuáles serían los perjuicios que ocasionarían los cambios aludidos y se refirió a las críticas realizadas al kirchnerismo en relación a la aplicación de la ley, la presión a los medios y la libertad de expresión.


Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones.

-¿Cuáles son los cambios que introduce el decreto 13/2015 a la Ley de SCA que están generando movilizaciones y marchas en todo el país?

-Este decreto introduce la creación de un Ministerio de Comunicaciones, el que se constituiría como organismo de aplicación de la Ley, es decir, el encargado de su cumplimiento. El problema radica en que la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) es descentralizada y autárquica (Artículo 10), y claramente esto se anularía si pasase a la órbita ministerial. Del mismo modo, desaparecería el directorio por lo tanto, por ejemplo, las universidades, perderían su representación.

"En mi opinión esto contradice el fallo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió en 2013 al declarar la constitucionalidad de la ley 26.522".

-La ley prevé que la AFSCA funcione en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Por qué sostienen que, bajo ese régimen, tiene más independencia del gobierno de turno que con los cambios que pretende concretar el macrismo?

-El AFSCA no es un organismo en el cual se elijan a dedo sus representantes. De hecho el directorio está conformado por un (1) presidente y un (1) director designados por el Poder Ejecutivo nacional; tres (3) directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, que serán seleccionados por ésta a propuesta de los bloques parlamentarios, correspondiendo uno (1) a la mayoría o primer minoría, uno (1) a la segunda minoría y uno (1) a la tercer minoría parlamentarias; dos (2) directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, debiendo uno de ellos ser un académico representante de las facultades o carreras de ciencias de la información, ciencias de la comunicación o periodismo de universidades nacionales. Del mismo modo la ley prevé que el presidente y los directores no podrán tener intereses o vínculos con los asuntos bajo su órbita.

-Durante mucho tiempo algunos grupos mediáticos dijeron que la ley fue concebida para restringir la libertad de expresión de los medios enfrentados con el kirchnerismo. ¿Qué piensan sobre esto?

-Considero que esto es una falacia, una mentira que le han hecho creer a todos los que no conocen la génesis de esta ley. A todos los que no conocen los 26 años en los que diferentes sectores sociales lucharon por una ley democrática.

"Les han hecho creer que esta es una ley Kirchnerista gestada con el único fin de destruir a Clarín".

Lo cierto es que fue este gobierno el que tuvo la voluntad política, pero fueron cientos de organizaciones sociales, sindicatos, pymes, universidades, radios comunitarias, entre otros actores quienes conformaron en 2004 la Coalición por una radiodifusión democrática, creadora de los 21 puntos que luego fueron la base del proyecto de Ley de SCA, ya venían trabajando en una ley que concibiera a la comunicación como un derecho humano.

-En relación a la aplicación de la ley ¿qué avances ha habido en torno a la democratización y universalización del acceso a la información?

-En todo el territorio nacional se han llamado a concurso licencias de radio y televisión tanto para prestadores con fines lucro como sin fines de lucro. También se han adjudicado licencias de manera directa a  emisoras de baja potencia, principalmente zonas de vulnerabilidad social. Esto es democratizar la comunicación porque personas o grupos sociales que antes no podían acceder a una licencia, o a un espacio, hoy pueden hacer oír su voz. Con el decreto Ley de la Dictadura Militar solo quienes tenían el poder económico (monopolios mediáticos) eran quienes controlaban la información. Por lo tanto emergen actores rezagados y en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual el Estado cobra vital importancia en el sentido que es garante del derecho a la comunicación.

"Por lo tanto es un derecho de todos y todas. El mercado no puede ser quien regule la comunicación, como se desprende de las declaraciones del macrismo".

Martín Sabbatella, exdirector de la AFSCA.

-¿Cuáles han sido las fallas o atrasos?

-Creo que todavía San Juan tiene que avanzar mucho respecto de la aplicación total de la ley porque aún tenemos un atraso en relación a todos los preceptos que establece la norma. Sabemos que en otras provincias hubo avances importantes que todavía no se han logrado en San Juan.

"Creo que todos los cambios que puedan hacerse para ampliar el acceso a la información y la pluralidad de voces, no pueden hacerse fuera de la ley".

-¿Qué piensan sobre los cuestionamientos de algunos sectores hacia el desempeño de la delegación local de AFSCA, en relación a presiones del gobierno hacia periodistas, el uso irregular de la publicidad oficial o la precarización laboral etc.?

-Si las autoridades de AFSCA no han cumplido con cualquiera de las funciones que les corresponden, la Justicia debe encargarse de actuar en consecuencia. La ley prevé que las autoridades pueden ser removidas de sus cargos por incumplimiento o mal desempeño de sus funciones o por incompatibilidades previstas por la Ley de Ética de la Función Pública. En mi opinión, todos estos problemas deben ser resueltos desde la normativa existente porque principalmente adhiero a la consigna nacional “fuera de la ley, nada”.