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2.500 agentes, helicópteros y blindados buscó capturar a capos de la organización criminal en los complejos de Alemão y Penha.
Internacionales
Río de Janeiro amaneció este martes bajo fuego. Desde las primeras horas, helicópteros, blindados y drones de la policía irrumpieron en los complejos de Alemão y Penha, dos de las mayores favelas del norte carioca, en una ofensiva contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. El saldo fue estremecedor: 64 muertos, entre ellos cuatro agentes, y más de 80 detenidos.
La operación comenzó antes del amanecer con bloqueos vehiculares en las autopistas que rodean los complejos y el cierre de avenidas estratégicas. Helicópteros sobrevolaron la zona desde la noche anterior, mientras vehículos blindados avanzaban entre barricadas de neumáticos incendiados. Drones guiaron los movimientos de 2.500 efectivos desplegados por las callejuelas de las favelas.
Según las autoridades, el operativo buscaba capturar a “Doca”, jefe regional del Comando Vermelho en Penha, y desmantelar una red de tráfico de drogas, armas y lavado de dinero. Durante el procedimiento, se incautaron 42 fusiles de alto calibre y se detuvo a 81 personas.
El Comando Vermelho nació en 1979 en una cárcel de Río y hoy opera como una organización de alcance nacional, con una estructura descentralizada que combina el narcotráfico con el control territorial de barrios donde el Estado está ausente. La fiscalía lo considera “un punto estratégico para el flujo de drogas y armas” en el eje de Penha y Alemão, zonas conectadas con las principales autopistas de la ciudad.
El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, calificó la acción como “una guerra” y afirmó que el Estado “está solo en este enfrentamiento”. Aseguró que el crimen organizado cuenta con armamento de origen internacional y reveló que las Fuerzas Armadas rechazaron tres pedidos de apoyo con blindados.
Durante toda la jornada, los habitantes del norte de Río vivieron escenas de conflicto bélico: ráfagas de disparos, explosiones y vehículos incendiados. Más de 200.000 personas resultaron afectadas por el cierre de servicios públicos. Las clases fueron suspendidas en 45 escuelas y 12 líneas de colectivos modificaron su recorrido.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron el riesgo para los civiles y la alta letalidad de este tipo de operativos. Desde Human Rights Watch recordaron que proyectos de ley vigentes en el estado podrían incentivar el uso de la fuerza letal mediante recompensas económicas, lo que “crea incentivos peligrosos para disparar en lugar de detener”.
La diputada Dani Monteiro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, advirtió que se exigirá un informe completo sobre la proporcionalidad de la operación: “Las favelas volvieron a ser escenario de guerra y barbarie”, expresó.
No es la primera vez que Río enfrenta un operativo con consecuencias devastadoras. En 2022, una redada en la favela de Vila Cruzeiro, parte del mismo complejo de Penha y Alemão, dejó 23 muertos y denuncias de ejecuciones extrajudiciales. Los críticos sostienen que estas acciones, aunque contundentes, no desmantelan las estructuras criminales y profundizan el ciclo de violencia.
El desafío ahora será evaluar si la intervención logra un cambio duradero o si se suma a la larga lista de redadas que dejan tras de sí más dolor que soluciones. Analistas advierten que el verdadero punto de inflexión no llegará solo con la captura de un capo, sino con el retorno del Estado como garante de derechos, y no únicamente como fuerza represiva.

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